Redacción Canal Abierto | Con la renuncia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el Gobierno suma otra mano ganada. La funcionaria que gozaba de un cargo vitalicio terminará sus funciones el próximo 31 de diciembre por decisión propia, aunque no tanto.

“A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Gils Carbó en el texto de su renuncia.

La decisión aspira a disuadir “reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia”, agrega. Las “reformas” a las que alude la jefa de fiscales son una nueva avanzada contra el Ministerio que lidera, luego de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtiera que el Gobierno planeaba modificar los mecanismos de remoción para reducir “algunas mayorías” y así removerla de su cargo.

El último intento había sido en octubre del año pasado, cuando un proyecto oficial para modificar este organismo quedó trunco tras la intervención de Elisa Carrió que lo tildó de “inconstitucional”. En aquella oportunidad, la diputada de Cambiemos sostuvo que el proyecto significaba pérdida de autonomía para la institución, que debería soportar una fuerte injerencia del Poder Legislativo a través de una Comisión Bicameral que revisara las designaciones y los futuros nombramientos. Tras la victoria electoral y el envalentonamiento oficial, los reparos de Carrió quedaron sin efecto y el Gobierno se manifestó dispuesto a hacer lo que estuviera a su alcance para sacar a la procuradora.

Hace pocos días, Gils Carbó fue procesada por el  juez federal Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta en una causa en la que se investigan irregularidades en la compra de un edificio por parte del Ministerio Público Fiscal. Tras conocerse el fallo, Garavano pidió a su titular que se tomara licencia hasta que se resolviese su situación judicial y confirmó que insistirían en su destitución vía juicio político. Días más tarde, el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional la necesidad de un juicio político para echar la procuradora –citando como antecedente un polémico fallo de 1991-, lo que allanó el camino a que el Ejecutivo la apartase de su cargo con un simple decreto.

Pero la reforma planeada por el macrismo esconde un más allá de la “persecución” personal que alegan desde el círculo cercano a la procuradora. Y es el riesgo de destruir la autonomía de un organismo público vital para el funcionamiento de la justicia sólo para “cargarse” a un personaje odiado por el Gobierno.

La causa

Comenzó con una denuncia anónima recogida por el fiscal Guillermo Marijuán que luego elevó a la Cámara Federal. El hecho que da curso al procesamiento es una licitación que llevó adelante el Ministerio para comprar el edificio de Perón 667 por $43 millones. Dicha licitación estuvo a cargo de Guillermo Bellingi, subdirector del organismo, que contrató para concretar la operación a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry, por cuyo servicio recibió $7,7 millones. La inmobiliaria contrató a su vez a un asesor por casi $3 millones llamado Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi.

El fiscal acusa a Gils Carbó de haber actuado coordinadamente con los medios hermanos para direccionar la licitación en favor del edificio de la calle Perón. Por su parte, Gils Carbó alega que desconocía el parentesco y que no existió perjuicio para el Estado porque la comisión de Thill fue pagada por la inmobiliaria, no por el Ministerio Público.

Viejas cuentas

El 27 de abril de 2007, cuando Gils Carbó era la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, firmó un dictamen fiscal donde denunciaba un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial con los acreedores de Cablevisión. Según la fiscal, el acuerdo no respetaba las mayorías requeridas, ocultaba información e incurría en múltiples maniobras irregulares que apuntaban a sanear el pasivo de Cablevisión.

Desde entonces, las malas lenguas y también las otras afirman que Gils Carbó se ganó una vendetta del Grupo Clarín que, en tanto brazo comunicacional del Gobierno, emprendió una cruzada en su contra que terminó con su renuncia.

Y, cuando ésta se hizo pública, comenzaron a sonar los nombres para su reemplazo: el jurista Alberto García Lema, los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la diputada Margarita Stolbizer y los fiscales Ricardo Sáenz, Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli. Este último, el candidato de Carrió.

Involución

El Ministerio Público Fiscal obtuvo su independencia con la reforma constitucional de 1994 y se constituyó como un organismo extrapoder. Es decir que funciona como un poder independiente de los otros tres, con autonomía funcional y autarquía financiera que se encarga de la acción de los fiscales.,

Desde entonces, las fiscalías salieron de la órbita del Poder Judicial, garantizando así el trabajo autónomo de la parte acusatoria. Una reforma como la que preveía Cambiemos para remover a Gils Carbó de su cargo significaría el fin de esa garantía y -según fuentes del propio Ministerio Público- una involución para el sistema judicial argentino.

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