Redacción Canal Abierto | Según el Informe Anual 2017 “Sistema de la crueldad XI” de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en julio de 2017 eran 41.729 los detenidos en territorio bonaerense, la tasa más alta de los últimos 20 años.

Además del hacinamiento, la tortura es otra de las prácticas sistemáticas en los lugares de encierro: durante el 2016, la CPM registró 16.403 hechos. El informe arroja otra cifra alarmante: hubo 385 muertes en comisarías, neuropsiquiátricos, centros de menores y cárceles. En la mayoría de los casos, producto de enfermedades curables, no atendidas por las autoridades penitenciarias.

“El sistema carcelario es sumamente violento y está muy lejos de cumplir su rol resocializador”, explica Christian Escanes, integrante de la Secretaría de Ex Detenidos y Familiares (SEDYF) de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Christian pasó más de 11 años de su vida tras las rejas y recorrió penales de todo el país: “en la mayoría de los casos entra una persona y sale otra más violenta, sin oportunidades y con la estigmatización que implica un certificado de antecedentes penales que no se borra hasta después de 10 años”.

“Dentro de los penales se pelean por un plato de comida, en una celda para cuatro personas duermen diez. Es muy triste la situación que se vive”, cuenta Noemí Santana, también integrante de la Secretaría y presidenta de la cooperativa textil Esperanza de Villa Ballester. Su hijo mayor está detenido sin condena firme desde hace 9 años, mientras que el menor -Alan “Muchito” Andrada“Muchito”-, fue fusilado por la policía el 7 de agosto de 2014 en lo que se conoció como la “masacre de Villa Adelina”.

Un Estado ausente

La ley argentina establece que quien salga de un presidio tiene derecho a trabajar, como todos, y que es rol indelegable del Estado que ese derecho se cumpla.

Quienes se acercan a la SEDyF no sólo acusan los malos tratos y el hacinamiento, sino también la ausencia de oportunidades y facilidades que el Estado  –a través del Sistema Penitenciario– ofrece a los reclusos. “Son muy pocos los que pueden acceder el estudio dentro de los penales, y aquellos que lo logran denuncian el hostigamiento permanente de parte de las autoridades”.

“El Estado no nos brinda ni siquiera las primeras necesidades en situación de encierro, menos le va a dar una formación o educación para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad”, expresa Noemí Santana.

“Nuestro objetivo es el de promover Derechos Humanos que hoy se violan en casi todas las cárceles, como es el derecho a un trabajo digno. Sin embargo, a quien no le interese la vida y defensa de los presos, le contamos que con esto se pueden bajar los índices de reincidencia, o sea que estamos planteando una política de Seguridad”, explica Christian Escanes.

Organizarse para generar oportunidades

“Para hacer frente a las injusticias de un sistema que busca impedir que las personas que estuvimos presas podamos conseguir un laburo digno, acceder a los programas que el Estado debe garantizar para nuestra “reinserción” o formar parte del consejo de una cooperativa, nos organizamos desde nuestros lugares de trabajo y construimos nuestra salida desde la economía popular”, aseguran desde la SEDYF.

Mediante programas de formación y la creación de cooperativas de trabajo, esta rama de la CTEP pretende organizar y dar contención a los cientos que cada año recuperan su libertad y a sus familiares.

Desde la perspectiva de Christian Escanes, el fin último de la SEDyF es el de “sobreponerse al abandono estatal para que a la hora de salir, en vez de pensar `que dura es la libertad´, tengas una perspectiva de vida a futuro”.

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