Redacción Canal Abierto | La Bicameral del Defensor del Pueblo emitió ayer un dictamen por el que oficializa las candidaturas para el puesto vacante desde abril de 2009 a los peronistas Humberto Roggero y Alejandro Amor, además del massista Jorge Sarghini.

Más allá del debate sobre las capacidades o la idoneidad de los tres integrantes de la terna, provocó polémica el carácter inconsulto y sin debate de la resolución. “Para la selección hicieron desalojar la sala a todos los asistentes, resolviendo en secreto y entre cuatro paredes”, denunció la diputada nacional, Victoria Donda, quien agregó: “Parece que a la Comisión Bicameral no le convence que el propio pueblo intervenga en la selección de su propio defensor”.

 “La realización de audiencias públicas y un debate abierto sólo podría redundar en beneficios y en ningún perjuicio para la sociedad”, opinó Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en diálogo con Canal Abierto. “Se trata de encontrar un consenso general, entre una gran cantidad de espacios, para que el próximo Defensor del Pueblo tenga la mayor legitimidad posible”.

Desde noviembre del año pasado, cuando la Bicameral abrió la presentación de postulaciones, fueron acercados 20 nombres para el cargo, además de una serie de propuestas para regularizar el procedimiento selectivo. En ese sentido, numerosas ONGs y organizaciones sociales reclamaron la apertura del debate con miras a que “el pueblo participe en el procedimiento de designación”, argumentando el rol intrínseco del puesto en materia de protección de los derechos de la propia ciudadanía.

A los candidatos que terminaron saliendo por dictamen de mayoría, hay que sumar a los propuestos por la minoría: el diputado Remo Carlotto, la senadora Liliana Negre de Alonso y María José Lubertino. A su vez, desde numerosas organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos surgió el nombre del dirigente barrial, Juan Grabois.

“Pedimos al Congreso que se abstenga de designar candidatos sin antes abrir un procedimiento amplio de consulta”, reclamaba por su parte un documento firmado por la ACIJ, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano y el CELS, entre otras organizaciones no gubernamentales.

La legislación actual sólo plantea que una Comisión Bicameral permanente integrada por siete senadores y siete diputados debe proponer de uno a tres candidatos para ocupar el cargo y que será Defensor el candidato que logre el voto de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras.

La Constitución insiste con señalar que, supuestamente, el Defensor debe representar un órgano independiente, sin subsumir sus quehaceres a ninguno de los tres Poderes, con absoluta libertad, ajeno a las instrucciones de ninguna autoridad. Los únicos condicionantes para el puesto son ser argentino y tener 30 años de edad como mínimo.

Ahora sólo resta esperar que el próximo martes 14 de noviembre los candidatos votados por la mayoría expongan sus propuestas para que el 15 se vote en el recinto del Senado.

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