Redacción Canal Abierto | El gobierno nacional pretende modificar el reglamento de la ley 26.657 de Salud Mental. Lo haría por decreto para  evitar un debate en el Congreso y el hecho ya generó un amplio rechazo en la comunidad científica y protectora de los derechos humanos. Entre otros aspectos, porque reinstala el modelo biologicista.

La Ley nacional de Salud Mental sancionada en noviembre de 2010 representó un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. Tuvo amplio consenso y la resistencia en minoría entre sectores del Estado, los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada y las direcciones sindicales administradores de obras sociales.

Según el expediente 120020000024933166 del ministerio de Salud, el Gobierno intentaría modificar por decreto artículos claves de la reglamentación de la ley, para evitar su tratamiento en el Congreso de la Nación.

“Vemos con alarma las afrentas a reformistas al campo de los derechos sociales: las reformas laboral, previsional, fiscal, tributaria, la salud, el campo del trabajo y de la educación. Las políticas de este gobierno nacional y sus formas desafían nuestras estrategias colectivas y de resistencia. Estamos frente al despliegue de una retórica pensada para ocultar y disimular políticas que encubren y refuerzan privilegios de sectores concentrados del poder político-económico”, lanzaron en un comunicado Celina Pochettino y Daniel Godoy, del Instituto IDEP Salud de la Asociación Trabajadores del Estado.

También fueron muy críticos desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La institución advirtió que el proyecto oficial “modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”.

Asimismo reincorpora al manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. De igual modo, habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.

Para el CELS, cuyo comunicado fue suscripto por organizaciones académicas, sindicales, sociales y de derechos humanos, el proyecto “reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía”.

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