Redacción Canal Abierto | Las fuertes inundaciones que sufrieron los campos bonaerenses en agosto afectaron inmediatamente a las localidades que se encuentran a la vera del Río Salado y, a mediano plazo, también complicaron a otros productores. Hoy son los terrenos del sudoeste de la provincia los que continúan con una gran cantidad de agua debido a las falta de obras, un reclamo de vieja data. Pero, como si el problema que atraviesan los pequeños productores fuese menor, las últimas novedades provenientes de la Gobernación han llovido sobre mojado: la propuesta de reforma tributaria de María Eugenia Vidal supone un aumento del 107% del Impuesto Inmobiliario Rural en dos años. Para los chacareros, fue una sorpresa ingrata.

“Nada sobre la ley fiscal fue tratado en las reuniones que tuvimos. Hay una mesa agropecuaria que se reúne siempre donde la gobernadora fue dos veces. Y la última vez incluso hablamos y discutimos fuertemente sobre la situación fiscal con (el ministro de Economía bonaerense, Hernán) Lacunza, pero de estos nos enteramos cuando entró en la Legislatura”, aclara Jorge Solmi, coordinador bonaerense de la Federación Agraria, en diálogo con Canal Abierto.

Desde las entidades de base del organismo reclamaron urgentemente a la Provincia una política que privilegie el “arraigo y la producción” ya que, advirtieron, existen muchas dudas entre seguir con la explotación de las chacras o venderlas.

“El campo no es como una fábrica. Aquel que no pueda pagar los impuestos tiene que vender porque no se lo puede llevar a otro lado. Entonces cambia de manos. El productor chico se funde y pasa a las de uno más grande y se produce una gran concentración que queremos evitar”, resume Solmi.

A pagar con alegría… y sin obras

Los agricultores acumulan años de reclamos para que los municipios utilicen el dinero de la tasa vial que se paga para el mantenimiento de los caminos rurales. Pero en la Federación Agraria denuncian que los fondos son habitualmente destinados a otros usos y los caminos no se reparan. Eso, sumado a otras obras que no se realizan, provocó que el agua lindante con el Salado bajara, pero sólo para moverse buscando la salida al mar. En su camino, fue inundando otros campos y ampliando la zona afectada en miles de hectáreas.

El broche de oro es que, mientras los productores reclaman que se aplique la ley de Emergencia Agropecuaria que les otorga una prórroga al vencimiento de sus impuestos, la Provincia decidió subirlos. “Hay toda una carga burocrática que hace que la emergencia no te la declaren nunca –explica Solmi-.Una de las cosas que pedimos es que se le aplique la ley al que esté en emergencia, independientemente de que se hayan declarado o no. Ahora estamos en plena siembra, y si se cosechó con barro acomodar el campo para sembrar cuesta el 5% de lo que se va a cosechar en bruto. A los productores que tienen que arrendar el campo los números se les achican enormemente. Todas estas situaciones deben verse al momento de subir los impuestos”. La magnitud del problema es importante, ya que más de la mitad de la agricultura de la provincia se realiza sobre campos arrendados.

En un comunicado, la Federación sostuvo que “es menester una reforma fiscal y que los impuestos sean equitativos y aplicados de forma progresiva”, pero también aseguró que “la estabilidad de los precios de los que producimos choca contra el aumento de nuestros costos”.

 

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