Redacción Canal Abierto | Ogonilandia es una región del sudeste del Delta nigeriano, poblada por el pueblo ogoni. Desde el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el área, allá por 1957, las petroleras Chelldon y Shell fueron las encargadas de la explotación de los pozos. Para ello, las fuerzas del gobierno expulsaron a los pobladores ogoni, en algunos casos a cambio de una pequeña indemnización. Incluso una reforma de la Constitución del país, en 1979, permitió la expropiación legal de tierras que el Gobierno estimara necesaria para la correcta explotación de los pozos.

El conflicto estalló temprano, aunque iría in crescendo durante la década del 90´ cuando la angloneerlandesa Shell se consolida como la empresa mas poderosa de Nigeria, con libertad para operar en el territorio y el respaldo gubernamental. Sin embargo, en todo momento debió enfrentar el escollo que implicaron las organizaciones civiles y sus demandas territoriales. Estas no sólo reclamaban los territorios afectados, fuente de sustento para comunidades de predominio agrícola, sino que también denunciaban los derrames de crudo.

“Las pruebas que hemos analizado muestran que Shell alentó reiteradamente a las fuerzas armadas nigerianas para que hicieran frente a las protestas de la comunidad, aun sabiendo los horrores en los que tal actuación derivaría: homicidios ilegítimos, violaciones, torturas e incendios de pueblos”, señaló Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

El punto álgido de la represión contra la comunidad ogoni lo representó la ejecución en 1995 de nueve hombres, entre ellos Ken Saro-Wiwa, el activista que había liderado las protestas, tras un juicio claramente injusto.

A partir de esta investigación, ahora Amnistía Internacional pide a Nigeria, el Reino Unido y los Países Bajos que investiguen penalmente a Shell por complicidad con estos crímenes. “En medio de esa represión brutal, Shell hasta brindó a las fuerzas armadas apoyo material, incluido transporte, y por lo menos una vez pagó a un gobernador militar, conocido por haber perpetrado violaciones de derechos humanos. “Es indignante que nunca haya tenido que responder por eso”, señaló en el informe titulado “A criminal enterprise? Shell’s involvement in human rights violations in Nigeria in the 1990s” (según su traducción al español: “¿Una empresa criminal? La participación de Shell en las violaciones de Derechos Humanos en Nigeria durante la década del 90´”).

A finales de 1990 la petrolera solicitó “protección de seguridad” para sus instalaciones en Umuechen. El resultado: 80 personas murieron a manos de la policía y 595 casas del pueblo fueron quemadas. Según expresa el informe de la ONG, al menos tras estos acontecimientos, Shell debió entender “los riesgos de pedir una intervención de las fuerzas de seguridad”. Aún así, hay pruebas claras de que siguió actuando de la misma manera.

Los documentos que posee Amnistía Internacional también acreditan que el 3 de marzo de 1994 la firma hizo un pago de más de 900 millones de dólares a una unidad especial creada para “restablecer el orden” en Ogoniland.

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