Por Carlos Saglul | El dictador Jorge Rafael Videla, brazo ejecutor del genocidio neoliberal de los setenta, descubrió una patología que por ese tiempo dejó asombrada a la prensa extranjera: “el exceso de pensamiento”. Para el militar esto explicaba que  existieran subversivos que cargaban armas, mientras otros, los más peligrosos, llamados “ideólogos”, portaban ideas.

La evolución de esta forma en entender la realidad explica la deportación o prohibición de ingreso al país de 64 periodistas, científicos, intelectuales autorizados por la Organización Mundial de Comercio para participar de su cumbre Mundial en Buenos Aires.

La “derecha moderna” que creen haber descubierto ciertos periodistas comienza a mostrar sus viejas garras. Veamos otra vieja costumbre que viene de aquellos tiempos: los trolls del gobierno se ensañaron con los familiares del submarino desaparecido ARA San Juan, de la misma manera que lo habían hecho con  los familiares de Santiago Maldonado. Un militar preocupado por el destino de su hijo y crítico del accionar del gobierno pasó a ser “un anarquista”. El pensamiento subversivo es contagioso. Se extiende a la familia del adversario. El que opina distinto debe ser marcado, denigrado, tratado como enemigo.

No hay guerra sin contrincante. Por eso los gobernadores del sur se reunieron en casa de gobierno a tratar cómo enfrentar la violencia que afecta a la Patagonia. ¿Se  habló de las desapariciones y fusilamientos por parte de las fuerzas de seguridad? No, La Nación y Clarín aclararon que se dialogó del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), un grupo violento que sólo existe en los relatos incoherentes de Facundo Jones Huela y la necesidad de justificar las horas extras de algunos servicios.

Vuela una garrafa en el Tigre y la ministra de Seguridad habla de fabricación de explosivos. Un inimputable insulta a un dirigente oficialista  por twitter pensando que es un amante de su novia y creen o simulan haber detectado a un criminal. Encuentran en Palermo a un importante contacto de la RAM. Pasan las horas, algún periodista chequea la información y resulta que es Abdula Öcalan, quien no sale jamás de la cárcel turca donde lo metieron desde fines del siglo pasado, y menos para pasear por Buenos Aires.

La ex presidente Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios son acusados de traición a la patria, cosa rara, porque jamás hemos estado en guerra con Irán. Pero son detalles, ¿no? La ministra de Seguridad sigue sin mostrar la resolución que le permite a la policía desatender las órdenes judiciales con las que no acuerde. Las fuerzas de seguridad continúan pisoteando autonomías universitarias o desfilan golpeando sus tacos contra el piso como tropas de ocupación por el centro porteño. Ya superamos el record histórico de presos en las cárceles y de muertos por la policía.

En tanto, el submarino ARA San Juan viaja rumbo al silencio y sus tripulantes amenazan con sumarse a  la enorme lista de desaparecidos en un país que ya no es. Con esa nave se terminó quizá la flota de submarinos. El ARA San Luis fue dado de baja en 1997 y está en situación de reserva. Su compañero el ARA Salta está activo aunque en condiciones no optimas, mientras al ARA Santa Cruz se le realizan reparaciones de media vía. Es lo que queda de la flota.

No es secreto que desde hace años las Fuerzas Armadas no se reequipan. Después de Malvinas, Estados Unidos cambió su política de controlar a las Fuerzas Armadas del continente a través de la ideología de seguridad nacional. Los brotes nacionalistas (Perú, Panamá, Argentina) hicieron a los militares poco confiables para vigilar los intereses yanquis en el patio trasero. A partir de allí diseñaron un corredor de bases que les permiten, en caso de emergencia, enviar sus propios efectivos y pertrechos a cualquier parte del continente. Incluye la de la OTAN en Malvinas. La mayoría de esos destacamentos están camuflados como instalaciones científicas, meteorológicas, de ayuda humanitaria.

Los barcos no navegan, los aviones no vuelan. El  setenta por ciento del presupuesto de Defensa va a sueldos. El resguardo de los bienes naturales, que debía ser una de las principales hipótesis de conflicto, no tiene mucho sentido. La Patagonia está manos de latifundistas extranjeros. Gendarmes y prefectos disparan sobre los mapuches y otros pueblos originarios cuya existencia molesta a grandes propietarios y compañías mineras. Las multinacionales son dueñas de aeropuertos, puertos que el Estado no controla. Los policías de la ciudad de Buenos Aires son enviados a entrenarse a Gaza ocupada. Los palestinos no son los RAM, ni nuestros maestros, estudiantes o jóvenes de las villas, pero se le parecen. Guerra de pobres. Piedras contra balas.

La hipótesis de conflicto no ha cambiado nunca en la Argentina. Eso sí, parece necesitar mirarse en un espejo “más serio” que esos encapuchados de Plaza de Mayo o El Bolsón, todo el tiempo corriendo el riesgo de ser identificados por algún vecino. Se le nota el apetito voraz de un enemigo convincente, complemento a mediano plazo de todo gobierno autoritario, que quiere dejar de lado los mínimos derechos republicanos.

En su último informe sobre Política de Seguridad el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) advirtió la “tendencia del gobierno a profundizar el abordaje punitivo y a retroceder en las políticas orientadas a reducir la violencia social e institucional y a garantizar derechos”, lo que propone –subrayó- el acercamiento a la agenda de Estados Unidos.

“El narcotráfico y el terrorismo se tornaron los ejes estructuradores de discursos, de rediseños institucionales y de despliegues operativos basados en ‘nuevas amenazas’  que deja de lado la seguridad ciudadana y coloca la seguridad nacional y el orden público como bienes principales a ser tutelados”, destaca.

Sería temerario no redoblar el estado de alerta. El terrorismo de Estado en la  Argentina no comenzó  con la dictadura militar sino cuando tenía vigencia un gobierno teóricamente constitucional, votado  en las urnas.

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