Redacción Canal Abierto | Un decreto de necesidad y urgencia (DNU) parece ser la fórmula que el Ejecutivo encontró para sacar las más indigerible de la tríada de reformas que intentó imponer, sin éxito, en la Cámara baja durante el día: la previsional.

Tras una represión encarnizada contra manifestantes y legisladores opositores que duró más de siete horas, el Gobierno consideró volver a echar mano de un recurso que inauguró, recién asumido, para intentar meter dos jueces afines en la Corte Suprema. El anuncio incluiría un bono compensatorio a pagar en marzo, para subsanar la quita de ingresos, al menos un poco y en un primer momento.

“El decreto está firmado por todos los ministros, falta la firma del Presidente (Mauricio Macri)”, confirmó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, en TN. Pero aclaró que antes de hacerlo valer “se ha tomado la decisión, con la alternativa firme del decreto como una posibilidad ante la violencia injustificada, de agotar y darle una segunda instancia legislativa”.

El suspensión del decreto hasta nuevo aviso estuvo condicionada por otro hecho. Inmediatamente después de conocida la noticia de un DNU en puerta, la diputada Elisa Carrió salió a despegarse con un tuit: “Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”. La legisladora fue también la responsable del pedido oficialista para levantar la sesión de esta tarde –ante la virulencia que aconteció en el recinto tras el sospechoso y repentino quórum obtenido, que valió las denuncias de varios legisladores opositores por la existencia de “diputruchos”-, y a su vez la misma que posibilitó el tratamiento cuando anunció haber cambiado de opinión porque la reforma “es absolutamente beneficiosa” para los jubilados. También disparó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el imponente despliegue de gendarmes en las calles, y así se reservó el papel de la concordia en la puesta oficialista. 

En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una conferencia de prensa para anunciar: “Rechazamos que se utilice un DNU”. A la afirmación, a cargo del triunviro Héctor Daer, le siguió el adelanto de que la central obrera llamaba “a un cese completo de actividades desde las cero horas en todo el país”, si el decreto se concretaba.

Por su parte, su par Juan Carlos Schmid matizó: “Abrigamos la esperanza democrática de que el Gobierno que se ha jactado de tener una virtud institucional, renuncie a sacar una medida por esa vía”. Luego los sindicalistas manifestaron estar en estado de alerta y sesión permanente y, ante las preguntas de los periodistas, negaron haber propiciado esta situación con su exagerada demora en llamar a un paro general.

Massot, por su parte, también anticipó que el oficialismo realizará una denuncia penal contra varios diputados opositores por una supuesta violación al artículo 241 del Código Penal que dicta prisión de quince días a seis meses para quien “perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales”.

 

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