Por Corina Duarte | El 16 de octubre de 2005, el día de la madre, 33 hombres detenidos en la Unidad 28 de Magdalena murieron carbonizados. En ese momento, los presos eran 592 en un lugar con capacidad para 358. Doce años después, la población en esa cárcel se triplicó alcanzando a 1199 detenidos y las denuncias por torturas y malos tratos fueron denunciados 2015 veces. Hoy como ayer, la continuidad sigue intacta.

La Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe 12 años después el fuego sigue ardiendo, sobre las condiciones de la cárcel que nació en 1997 y que fue reinaugurada en 2002 con el agregado de dos “módulos de alojamiento de bajo costo”. Desde esos inicios a la actualidad, la capacidad de encierro en este lugar se incrementó un 102%. Sólo el 35% del total de los detenidos tiene condena firme; el resto son procesados, es decir, 708 personas están allí y no se sabe aún si son o no culpables dado que no pasaron por las instancias judiciales que lo prueben.

El 16 de octubre de 2005, a la discusión entre dos pibes “que se arreglaba en el pabellón y listo”, le siguió el ingreso a escopetazos. “Tiraron un montón de tiros, en todo momento. No daban tiempo a nada”, cuentan los que se salvaron.

Los 36 detenidos que fueron entrevistados por la Comisión Provincial por la Memoria manifiestan que “alrededor de las 10 de la noche del sábado empezaron a escuchar ruidos en el pabellón 16”. Era el ruido del ingreso de más de 20 agentes de la guardia armada. Dispararon más de 20 tiros.

Continúa el informe: “Los internos paran un colchón para protegerse de la balacera. Que no saben cómo se prenden fuego los colchones. Según el relato de algunos que escucharon de chicos que estaban allí alguien prende fuego el colchón para evitar que sigan tirando y protegerse. Que a los pocos instantes comienzan a ver que entra humo por la pared medianera y techo lindante con ese pabellón”.

Y agregan que sí escucharon claramente “que en el 16 pedían a gritos agua y ayuda y que el Servicio Penitenciario no hizo nada”.

Gustavo M., sobreviviente del pabellón 16, relata: “Nos sacan a un patio de entrada al módulo. Ahí vuelven los policías corriendo y vemos el humo. Salen todos los oficiales y el oficial Castro, jefe de turno, cierra la puerta con candado. Nos empezamos a ahogar y nos sacan al césped, nos esposan. Ahí siento que los restantes chicos golpean la puerta de chapa”.

Las amenazas a los testigos han sido moneda frecuente. Uno de los testigos amenazados fue trasladado a la cárcel de Bahía Blanca y fue castigado en un buzón. Tres de ellos fueron imputados y detenidos por falso testimonio.

Practicando el evangelio

Para Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, la cárcel es un desastre. “Las cloacas, el sistema eléctrico, todo está explotado. Lo que se percibe y se analiza en esta situación, la ironía de la situación, es que en aquel momento, Daniel Tejeda, que está siendo llevado a juicio por lo ocurrido, quería hacer de esta cárcel una cárcel evangelista. Ese era su proyecto institucional. Una unidad donde todos los detenidos que viven allí profesen el culto evangelista. Cuando dos días antes de aquél 16 de octubre vamos a la cárcel, presentando dos hábeas corpus por las condiciones de detención, nos encontramos al volver con un grupo de pastores evangelistas de diversas iglesias de otras partes del mundo. Había un pastor de Nueva Zelanda, de Australia, Estados Unidos, Europa. Venían de visita a la Unidad, ya que venían a conocer la cárcel, y hablaban maravillas, ya que este proyecto había cobrado cierta repercusión. Y lo que están intentando hacer hoy también es eso. Hoy hay una gran cantidad de pabellones que son catalogados como evangelistas”.

Para la Comisión, esto forma parte de la estrategia de tensa calma que generan. “Cuando hay muchas personas detenidas buscan diferentes dispositivos para que no se generen problemas. Pero el gobierno de ese dispositivo sigue siendo el mismo: la tortura, la violencia, la reproducción de condiciones degradantes de vida. Lo más tremendo de todo es que esto puede volver a pasar. Hay una crisis muy profunda en todo el sistema penitenciario. Ni siquiera respetan lo simbólico que pasó allí. Están apurados por ocupar ese pabellón otra vez con gente”.

La Comisión presentó ante el Ministerio de Justicia el requerimiento de que ese lugar sea conservado como un sitio de memoria. “Fue una de las masacres más importantes de todo el sistema. Lo grave de esta situación es que está peor que en el 2005”.

El juicio que arrancó en agosto está llegando a su fin. La semana pasada comenzaron los alegatos y a su turno, la Comisión Provincial por la Memoria presentó los suyos.

La acusación, contra los 17 imputados por homicidio culposo para el ex director Daniel Tejeda y el ex jefe de la Guardia, Cristian Núñez, y abandono de persona agravado por la muerte de las víctimas para los 15 agentes restantes fue realizada sobre dos momentos: por un lado, las condiciones estructurales del penal previas al incendio; por el otro, la secuencia de eventos que se desarrollaron una vez iniciado el fuego.

Según la querella: “Si bien no hemos determinado fehacientemente quién cerró la puerta del pabellón (luego de la represión y el posterior repliegue de los penitenciarios), no cabe duda que todos participaron en imposibilitar el escape de los jóvenes encerrados en el módulo. Esto nos posiciona ante un antecedente de total indiferencia ante la vida. El horror de la unidad 28 no fue un hecho aislado e irrepetible. Estos sucesos de violación a los derechos humanos son parte de una cadena de muerte, torturas y tratos degradantes que ejercen este tipo de instituciones de encierro.”

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