Redacción Canal Abierto | En una nueva conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio de Paz y Justicia, este mediodía en el barrio porteño de San Telmo, un amplio abanico de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, junto a los heridos por la policía en la marcha del lunes pasado, denunciaron “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el operativo represivo montado por el Gobierno Nacional en la multitudinaria movilización contra la reforma previsional, y las persecuciones políticas que se están llevando adelante en el interior del país”.

Además repudiaron “las infamias de la campaña de demonización desplegada por el gobierno contra todos aquellos que enfrentan estas injustas leyes de ajuste”.

El informe con el que se inició la presentación señala, entre otros puntos, que desde el 13 de diciembre se han contabilizado 254 personas detenidas por participar en movilizaciones; en la marcha al Congreso del pasado 18/12, 130 personas fueron apresadas, y luego se ordenó la captura del militante Sebastián Romero; las fuerzas de seguridad en las jornadas del 15 y el 18 de diciembre, Gendarmería y Policía, han cometido innumerables delitos, sin que se los haya identificado y/o sumariado (abusos durante detenciones, atropellos, detenciones arbitrarias, destrucción de comercios, agresiones sin sentido, etc.). Además de complicaciones y malos tratos a los abogados, en comisarías y en tribunales.

El encuentro público, que se estableció como continuidad del repudio realizado la semana pasada en el mismo lugar, por distintos espacios del campo popular luego de la violencia de las fuerzas de seguridad contra la protesta en el Congreso, sirvió para denunciar el “plan de ajuste y entrega, que no cierra sin represión; se ha impuesto en Argentina un estado de excepción, sin dictar el estado de sitio se han suspendido las garantías constitucionales a los ciudadanos, particularmente su derecho de circulación, movilización y protesta, la huelga y el derecho de defensa”.

También se cuestionó duramente la represión de ayer y la detención de 50 trabajadores en el reclamo del Ingenio La Esperanza, en San Pedro,  Jujuy -que protestaban por 400 despidos y atraso en los salarios- entre los que se encuentran referentes de los derechos humanos, y el abogado del sindicato, además de librarse orden de captura para toda la comisión directiva del gremio azucarero; y sobre la causa por “sedición” que se abrió contra el dirigente de la CTEP, Juan Grabois.

La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdu, señaló que “hay dos elementos que demuestran que no estamos hablando de fuerzas de seguridad desmadradas y fuera de control, sino de un aparato represivo estatal dirigido por el gobierno de Cambiemos, a partir de una decisión política, esos elementos son el escalamiento en el tipo de delitos que se buscan para imputar a los detenidos: ya no hablamos de `atentado y resistencia a la autoridad´, `daño y lesiones´, sino de `intimidación pública´, `rebelión´, `sedición´, figuras que no veíamos desde el paso del siglo XX al siglo XXI. En segundo lugar la actitud del poder judicial, con Bonadio por ejemplo, donde se repite el ataque a los trabajadores de prensa, entre los detenidos”, detalló la abogada de CORREPI, que hoy presento su informe represivo anual.   

Durante el encuentro, tuvo un aparatado especial el accionar de la justicia, mencionando como ejemplo la reciente presentación del fiscal Germán Moldes ante la Cámara Federal Criminal y Correccional, para que se vuelva a procesar a los trabajadores de prensa detenidos en septiembre durante la marcha por Santiago Maldonado, en la que se esgrime una declaración de guerra contra la militancia popular de parte del fiscal: “Tanta liviandad para calificar a esos criminales en la categoría casi como jóvenes idealistas, nos conduce por un camino que ya costó demasiada sangre y demasiadas vidas en el pasado, como para que recaigamos en esa ingenuidad letal. A mí, que viví esos tiempos aciagos, no me conmueven los canticos que suelo escuchar bajo la ventana de mi despacho, en los que se reclama libertad a los presos por luchar, cuando sé muy bien que no es realmente por eso que están presos, las pocas veces que realmente lo están, y que lo que deberíamos lamentar profundamente es que su prisión sea por lo general tan efímera y poco duradera”, amenaza en su recurso Moldes, que fue candidato del Gobierno Nacional para ocupar la Procuración General cuando se conoció la renuncia bajo presión de Alejandra Gils Carbó.

Encabezaron la denuncia pública Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, titular del SERPAJ que sentenció que “estamos frente a un gobierno que si bien es constitucional está avanzando hacia la pérdida de derechos ciudadanos, y esto nos lleva a un límite entre un gobierno democrático y uno autoritario, por eso decimos que democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos”.

El Premio Nobel de la Paz, llamó a “buscar los caminos alternativos porque sino el país va a entrar en una escalada de violencia más grave, con un gobierno que no quiere escuchar las demandas populares. Ayer hubo una reunión de los integrantes de la conferencia episcopal con el Presidente, y le reclamaron también que esta situación no se resuelve con violencia, hay que buscar las alternativas porque sino esto va a ser incendiar el país”. Por último, Pérez Esquivel reclamó más compromiso de algunos sectores: “¿Qué pasa con la CGT, que pasa con las Iglesias? Tenemos que ir construyendo espacios que permitan avanzar en la resolución de los conflictos”.

En el mismo sentido, la Madre de Plaza de Mayo, dijo que “Llevar a la gente a la desocupación y al hambre es violencia, los gobernadores que aceptaron lo hicieron para engordar su bolsillo, no les interesa el pueblo para nada. Estamos sin estado de derecho, en peligro de perder la democracia a través de un gobierno civil, tenemos que estar atentos e ir denunciando, nada es mucho para decir todo lo que está pasando, porque en todos los barrios vamos a correr riesgos“.

Estuvieron presentes el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy, el director de Derechos Humanos de ATE Provincia de Buenos Aires, Emiliano Hueravilo, y el Director del Departamento Jurídico de la CTA-Autónoma, Horacio Meguira. Participaron también legisladores y referentes del Frente de Izquierda, la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, Sipreba, Familiares de la Iglesia Santa Cruz, entre otros.

Lanzamiento

Nuestros temas