Redacción Canal Abierto | Días después de las PASO José Natanson, director del prestigioso Le Monde Diplomatique, publicó en Página 12 un análisis que llevó como título El macrismo no es un golpe de suerte. Sostenía que la victoria de Cambiemos -ampliada en octubre- no tuvo sólo relación con una disciplinada estrategia de comunicación, sino con haber interpelado tendencias sociales como la preocupación popular respecto al narcotráfico, haber prolongado el entramado de políticas sociales y no haber recortado el gasto público. Hasta ahora.

Porque el ajuste en la actualización de haberes sobre jubilados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, embarazadas, pensionados por discapacidad y ex combatientes de Malvinas es la primera medida de gobierno de Cambiemos que afecta, sin mediaciones, al bolsillo. La eliminación de las retenciones, la devaluación o la apertura a las importaciones fueron políticas que eventualmente pudieron haber afectado una economía familiar, de manera indirecta.

Macri entendió que el apoyo popular del 40% del electorado nacional lo benefició con un cheque en blanco. Tal es así, que horas después anunció la reforma laboral, impositiva y previsional con una ofensiva apabullante que encontró en la CGT la docilidad necesaria para construir un consenso que en los últimos días la calle le retaceó.

El recorte previsional le permite al gobierno un ahorro en las arcas del ANSES que se verán desfinanciadas por el coctel de medidas como el pacto fiscal -que transferirá 100 mil millones de pesos a un nuevo esquema de distribución federal tras la eliminación del fondo del conurbano- y la eximición a las patronales del pago de aportes a los trabajadores que hayan empleado en negro.

A partir de la reforma aprobada y el decreto que implementa la mal denominada “compensación” para el empalme entre el viejo y nuevo cálculo de actualización de haberes, se estima que durante 2018 un jubilado que cobra 10 mil pesos mensuales perderá 6 mil pesos.

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El gobierno ha perdido este debate en la opinión pública, a la que no puede asegurarle cuánto cobrará un jubilado. En conferencia de prensa, Macri sólo atinó a implorar un mesiánico voto de confianza: “Lo que les pido es que no duden ni por un instante en nuestra intencionalidad y convencimiento. Esto los va a ayudar”.

La previsibilidad con la que el oficialismo intenta dotar al proyecto es relativa, porque la nueva fórmula está vinculada en un 30% a la variación de los salarios formales. Lo único seguro es que nunca un jubilado cobrará por encima de la inflación, ya que la ejecución del incremento de haberes se produce con seis de meses de atraso. En criollo: nunca podrá está mejor.

Es muy probable que la medida de gobierno haya afectado el consenso social que Macri capitalizó sesenta días atrás. La reacción popular durante las sesiones parlamentarias en que se trató la reforma previsional puede acercar algunos indicios. Hay un rechazo expreso de la clase trabajadora organizada y los sectores medios en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza y Paraná, al menos, donde hicieron sonar sus cacerolas en buen número.

A mediados de noviembre, incluso, cuando todavía la reforma laboral no dominaba la agenda mediática, la consultora Analogías reveló que el 80,6% de los ciudadanos se oponía a la reforma previsional. Horas atrás D’Alessio IROL y Berensztein evaluaron que ese porcentaje ascendió al 85%.

El combo ajuste y represión es caro para el pueblo argentino.

Ahora bien: ¿Quién capitaliza ese descontento? La atomización de las variantes opositoras pareciera hacer caer este incipiente dato político en saco roto. Falta mucho aún. Pero no deja de ser alentador saber, en medio de esta derrota, que los músculos de la resistencia han tenido movimientos espasmódicos.

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