Redacción Canal Abierto | La “comisión de garantías” fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a una “comisión de garantías” para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.

En 2006 el kirchnerismo había indicado que la comisión debía estar integrada por un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias (hasta hoy, la UIA) , la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Ahora, a través del decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, Cambiemos modificó dicha representación y arbitrariamente reemplazó a la FACA (espacio donde prima una visión laboralista del derecho) por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

La decisión provocó alarma en diversos sectores gremiales, ya que la entidad que se sumará a la comisión es fuertemente cuestionada por sus vínculos con el sector empleador. Además, sobre ella recaen acusaciones debido a que en su conducción figuran funcionarios de la última dictadura militar, como el ex ministro de Justicia de Videla, Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; y el ex juez de la Corte Suprema (2002), Jorge Vanossi, quien ocupa la presidencia.

“Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores. Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones”, denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).

Por su parte, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos advirtió: “Llegado el caso, la comisión podría decir que cualquier actividad es un servicio esencial, y por lo tanto que sus trabajadores estarían impedidos de ejercer el legítimo derecho de huelga”.

“Esto podría llevar a que el Ministerio de Trabajo imponga fuertes multas como forma de presión a organizaciones de trabajadores; o incluso desconocer la legalidad de una medida de fuerza, y por lo tanto despedir sin consecuencias a trabajadores que se encuentren de paro”, explicó Campos.

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