Redacción Canal Abierto | Javier Andrada es periodista de las cooperativas revista Ajo y radio Residencia. Cuando se mudó a una zona rural a 20 minutos de Mar del Plata, un vecino y miembro de la asamblea Paren de Fumigarnos le contó que un exprofesor de la primaria 51 del Paraje San Francisco había denunciado en la Justicia que las napas del colegio estaban contaminadas.

La Justicia prohibió entonces el uso del agua pero no las fumigaciones, aunque un informe de la Policía Federal detectó la presencia de nitratos en un valor 18 veces mayor a lo establecido por la ley, y de fenoles, con un resultado 20 veces superior al legislado.

Al lado de la 51 está la secundaria 39 y el jardín de infantes 932. Una vez, mientras Andrada junto a Pablo González aguardaban entrevistar a una de las directoras, observó cómo enfrente de los pibes jugando en el patio un pulverizador fumigaba la Estancia Concepción, propiedad del Grupo Spadone.

“Yo llamé a Buenos Aires y Sergio Spadone me confirmó que la Estancia es del grupo”, asegura a Canal Abierto Javier Andrada, en diálogo telefónico.

Esa prueba, luego, fue incorporada a la causa impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri. Las aguas comenzaron a agitarse y días atrás se ordenaron 13 allanamientos en campos de la zona. Hasta ahora las escuelas fumigadas nunca habían sido noticia en los diarios del partido de General Pueyrredón.

El periodista cuenta que lo difícil es vincular las fumigaciones con los problemas de salud de los pibes, que se van a ver recién, tal vez, dentro de una década. Además hay miedo entre los lugareños.

“En las escuelas hay un compromiso muy grande de los docentes con las personas que trabajan en las actividades de la zona. Cerca hay una compañía enorme que produce frutillas y frambuesas, y dona los pisos para las escuelas y techos”, cuenta el periodista.

El poder de lobby de estas empresas es avasallante. General Pueyrredón, el partido que abarca a Pasaje San Francisco, es el segundo cordón frutihortícola en importancia de la Argentina.

“Por presión suya, los concejales debieron dar marcha atrás con la misma ordenanza que los obligaba a cesar las fumigaciones de los campos”, denuncia Andrada.

El 13 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo de la Cámara I del Crimen de Córdoba que había condenado a tres años de prisión condicional al productor agropecuario Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello de Ituzaingó Anexo, un barrio de las afueras de la capital cordobesa, por contaminación dolosa.

A la luz de esa victoria, los pueblos fumigados continúan con una pelea que en Batán, General Pueyrredón, Javier Andrada relató de esta manera en “Infancia Fumigada”.

*Foto de apertura y video: Pablo González

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