Redacción Canal Abierto | Ahora es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la que inició un amparo en nombre de 18 millones de trabajadores cuyos derechos patrimoniales y alimentarios son vulnerados por la sanción de la ley 27.426, de reforma previsional.

La presentación explica que la norma “viola derechos constitucionales y tratados internacionales”, “desfinancia el sistema de seguridad social”, y “transfiere recursos en forma discrecional y arbitraria, en favor del Estado y de los privados”.  De esta manera, resultan afectados en forma directa “los derechos de propiedad y la movilidad de todos los jubilados y pensionados nacionales; titulares de pensiones no contributivas; quienes perciben las asignaciones familiares; beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los veteranos de Malvinas”.

También destaca que “con el transcurso del tiempo se verán lesionados los derechos de todos los trabajadores activos que se jubilen, en tanto se fija para el cálculo de su haber previsional inicial una pauta de actualización de sus remuneraciones menos favorable, que la que regía hasta el 2017”.

Por último, se afirma que en toda la ley no se encuentra “una sola disposición que tenga por finalidad mejorar las condiciones de vida de los trabajadores alcanzados por la norma legal”.

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El recurso fue presentado el 29 de diciembre último en el Juzgado N° 8  de la Cámara Federal de la Seguridad Social, a cargo –durante la feria- del juez federal Walter Carnota. Lleva la firma del secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, y de los jubilados Lidia Meza y Oscar  Mengarelli, en condición de damnificados.

El amparo de ATE se suma a la presentación que interpuso el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, los tres amparos colectivos presentados en San Martín (Buenos Aires), Córdoba y Catamarca, y los pedidos del abogado Miguel Ángel Fernández Pastor y de dos centros de excombatientes de Malvinas de La Plata y Berisso de que se declare la inconstitucionalidad de la ley, al contradecir el artículo 14 bis de la Constitución que garantiza la intangibilidad de las jubilaciones.

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