Redacción Canal Abierto | “¿Es Argentina un Estado sobredimensionado?”. Esa es la pregunta que dispara el estudio realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP), que arroja conclusiones esclarecedoras.

En un momento en el que el Gobierno pretende impulsar una “simplificación del Estado” –eufemismo de un achique- partiendo de la idea de que el sector público es demasiado grande, el informe revela que “en la Argentina, el empleo público representa al 18% de los trabajadores, mientras que en países como  Francia esta proporción llega al 22%, en Canadá al 20% y en Reino Unido al 19%”. Si, en cambio, se compara con los países nórdicos, la tasa promedio de trabajadores estatales en Dinamarca y Noruega trepa al 35% promedio.

En Estados Unidos –país insignia del capitalismo- el porcentaje de estatales es de casi el 16%.

Por otra parte, el estudio refiere que “hay un consenso unánime de que lo importante está en las funciones que brinda el Estado”, y que la Argentina respecto a muchos países, sobre todo los latinoamericanos, “atiende necesidades que otros no ofrecen”, entre los que se cuentan la salud y la educación gratuita.

Lo único que crece es la represión

En un detalle sobre la composición de la planta de trabajadores a cargo del Poder Ejecutivo nacional (PEN), que en la Argentina son 770 mil, se puede ver que la mayoría de ellos, 212 mil, pertenecen a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas.

“A la salida de la crisis del 2001, las áreas administrativas del PEN superaban en personal al de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Desde entonces, el promedio de trabajadores del PEN se mantuvo estable y las fuerzas de seguridad crecieron en cantidad de efectivos hasta este presente que lo ubica en alrededor de 212.000 contra los 208.000 del PEN”, relata el informe. Curiosamente, este crecimiento en el área de Defensa se dio en las fuerzas de seguridad interna en detrimento de los uniformados que forman parte de las tres Fuerzas Armadas.

Este crecimiento se explica gracias a la salida represiva para contener “el descontento en los sectores populares” que los distintos gobiernos han encontrado desde entonces, con una pobreza estructural clavada en 30%.

Por otra parte, también es en las fuerzas de seguridad donde el presupuesto más ha crecido. En gasto de equipamiento como armas o vehículos, desde 2010 hasta 2016 “en la Policía Federal sube un 570%, en Gendarmería nacional un 700%, en Prefectura Naval un 1.449% y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria un 141%. Contrariamente, en la Administración Nacional la suba es de 274%, teniendo en cuenta que entre los años determinados la inflación trepó un 516%”.

A esta militarización gubernamental hay que agregarle la creación de las policías municipales de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad. “Según el censo 2010, en la Capital Federal vivían 2.891.082 personas, por lo que en el distrito del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri había 933 policías cada 100 mil habitantes, es decir un uniformado cada 107 vecinos, cuando la Organización de las Naciones Unidas recomendaba 2,8 efectivos por cada 1.000 habitantes. Una verdadera ciudad militarizada”, resume el informe.

Finalmente, desde la llegada de Macri al poder el presupuesto total  para las fuerzas de seguridad se ha incrementado mucho más aceleradamente: en sólo 2 años subió un 476%.

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