Redacción Canal Abierto | Las jornadas calientes del 14 y 18 de diciembre, coronadas con la aprobación de la “reforma previsional” deslegitimada de origen y por el amplio repudio popular, se vieron empañadas por la represión. Aquellos días el Gobierno buscó opacar la masiva movilización echando mano a un conglomerado de fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Ciudad y Prefectura Naval) -más cientos de agentes infiltrados (algunos heridos por “fuego amigo”)-, provocando los enfrentamientos, victimizándose y luego desatando una feroz cacería.

María del Carmen Verdú de la CORREPI

El resultado de la represión dejó una decena de detenidos y más de 60 heridos, tres de los cuales perdieron un ojo por disparos con bala de goma. Hoy todavía permanecen detenidas siete personas. Algunos militantes, otros desorientados y dos muchachos en situación de calle. María del Carmen Verdú, de la CORREPI, organización que asumió la defensa de algunos de ellos, enumera: “en este momento hay siete compañeros detenidos, cinco desde el 14 de diciembre, la mayoría de ellos en Marcos Paz y uno en Devoto. Sebastián Giancarelli y Juan Salomón Vallota, dos jóvenes limpiavidrios que paran en la zona de Congreso -a quienes, en los vídeos presentados ante la Justicia, se puede observar esperando en un costado que termine la manifestación para volver a trabajar; Sebastián Diego Parodi, Pablo Giusto (detenido afuera de la comisaría donde reclamaba por la libertad de Parodi) y Esteban Rossano, un chico de 19 años que se equivocó de estación al bajar del subte y cayó en la redada. En los cinco casos se negó la excarcelación, alegando que podrían obstaculizar la producción de medidas de prueba en trámite”. La causa judicial de los presos del 14 de diciembre cayó en el juzgado de Claudio Bonadío. Los otros dos detenidos son los militantes del Partido Obrero, César Arakaki y Dimas Ponce, que se presentaron voluntariamente al noticiarse de que estaban siendo buscados por el juzgado de Sergio Torres, y pese a demostrar que no podían ser los autores de las lesiones a un policía que perdió el oído, quedaron alojados en Marcos Paz.

Verdú señala que “hay una decisión del Poder Judicial de utilizar las detenciones como escarmiento para quienes participen de protestas sociales”.

“Indudablemente hay una mega operación de la que forman parte los poderes Ejecutivo y Judicial, y toda la caja de resonancia de los medios hegemónicos, que requieren de estas detenciones sin condena”.

De todos modos, la referente de la CORREPI denuncia que las detenciones sin condena no son una novedad para el sistema carcelario argentino, ni mucho menos: “casi el 80% de los presos en cárceles federales y provinciales son técnicamente inocentes porque no fueron sometidos a juicio o tienen sentencias no firmes, por lo cual son presuntamente inocentes. Sin embargo, están cumpliendo una pena anticipada”.

Respecto a este modus operandi de detenciones preventivas, hay sobrados  casos de militantes y dirigentes sociales y políticos, tales como Milagro Sala, Luis D’elía, Carlos Zaninni, Julio De Vido, Héctor Timmerman, entre tantos otros.

“Hay una verdadera campaña de demonización y estigmatización que incluye la persecución a organizaciones, algo que no sólo se expresa a través del Poder Judicial sino que también abre la puerta a situaciones ataques o intentos de amedrentamiento, como ocurrió esta semana con el abogado defensor de Sebastián Romero, del PSTU, Martín Alderete de CADEP, víctima de un atentado en el domicilio donde estaba pernoctando -que no es su casa particular-. Es decir que hubo una tarea de seguimiento, donde le tiraron una bomba incendiaria dentro de su auto, que destruyó parcialmente el vehículo”, relata Verdú.

Consultada sobre si entiende que existe un avance sobre las organizaciones opositoras al Gobierno, señala: “No ha ocurrido todavía que hubiese ninguna ilegalización formal pero vemos un camino de estigmatización que conduce linealmente, si no lo visibilizamos y denunciamos como lo estamos haciendo, a la posibilidad de ilegalización de organizaciones populares”.

 

El caso Milagro Sala

Milagro Sala y su abogado Luis Paz, en primer plano

Por donde se lo vea, el caso de Milagro Sala es un ejemplo de amedrentamiento y disciplinamiento, sobre su cuerpo pero, sobre todo, sobre su organización y sobre las clases populares jujeñas. Y desnuda, además, un claro gesto de revancha clasista.

Luis Paz, uno de los abogados de Sala y de la Túpac Amaru, hace un racconto de los cambios a medida hechos en la justicia provincial desde la llegada de Gerardo Morales a la gobernación.

“Desde que asume se modifica la composición del Superior Tribunal de Justicia, de cinco miembros se aumenta a nueve. De esos nuevos jueces, dos de ellos, Pablo Vaca y Elizabeth Altamirano, eran diputados provinciales de la UCR (incluso compartieron la legislatura con Sala, diputada por el Partido por la Soberanía Popular, y con quien tuvieron acaloradas discusiones en el recinto). El 11 de diciembre de 2015 votan en extraordinaria a favor de la ampliación del tribunal y el 12, asumen como jueces, violentando el reglamento de la Legislatura. La presidenta del Superior Tribunal, Clara Falcone, también fue diputada provincial. Es decir que los cuatro nuevos miembros pertenecen a la UCR. A partir de esto se genera un disciplinamiento absoluto del Poder Judicial”.

“La denuncia del fiscal de Estado, Mariano Miranda, que envió a Milagro Sala a la cárcel por el acampe de la Tupac iniciado un día antes fue presentada el 15 de diciembre de 2015. Luego fue desechada en primera instancia por el fiscal de turno Darío Osinaga porque no se trataba de un delito sino una contravención. A los días, por orden de Morales, el Fiscal de Estado lo denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazándolo con el juicio político”, señala Paz, para ejemplificar cómo desde el primer día de gobierno, Morales buscó los caminos para perseguir a Sala y a su organización.

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Más allá de este ejemplo, la lista de arbitrariedades es interminable: quién dicta la orden de detención es el juez Gutiérrez, que firma la orden el sábado 16 de enero de 2016, en plena feria judicial, y luego pide licencia. En su reemplazo la presidenta de la Corte, Clara Falcone, designa a su ex-yerno Gastón Mercau para que continúe la investigación. La ejecución de la orden la realiza el ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer.

En tanto a Sala le siguen quince investigaciones penales, y pesan sobre su cabeza tres prisiones preventivas. A pesar de que, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió se disponga la prisión domiciliaria y la Corte Suprema el cumplimiento de la medida el 7 de diciembre pasado, hoy Milagro se encuentra en una casa a 40 kilómetros de su domicilio, en la localidad de Carmen. Allí, rodeada de alambres de púa y custodiada por un destacamento de Gendarmería, tiene un regimen estricto que le permite visitas tan sólo tres veces a la semana. Opiniones y juicios personales al margen, la Ley es la Ley. Y el juez no la está acatando, sino que incluso desoye una orden directa de la Corte Suprema.

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