Redacción Canal Abierto | “No se otorgarán garantías para ningún grupo que ejerza protesta en los días de fiesta. Podrán hacer sus reclamos luego, porque es su derecho, pero por el momento no se darán garantías”, fueron las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.

En resumen, el integrante del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski anunció ante los medios de comunicación la anulación de hecho del Estado de derecho y el cercenamiento del derecho constitucional a ejercer la libertad de expresión.

En ese sentido, alertó que la Policía Nacional estará atenta a las personas o grupos que intenten trasgredir esta disposición para asegurar el cumplimiento de la misma. A su vez, advirtió que la sanción que podrían recibir estas personas es de uno a cuatro años de prisión.

Autorizar marchas y dar garantías permite controlar a las masas para evitar descargos violentos o minimizarlos. Ilegalizar las marchas es fomentar la violencia, porque una vez que se abandona la legalidad, el paso hacia el enfrentamiento se hace más corto.

“Las garantías solamente se pueden suspender en un estado de emergencia, en un estado de excepción, que no es el caso. Por lo tanto, rigen todas las garantías constitucionales: no pueden haber detenciones ilegales”, aseguró a distintos medios peruanos el abogado penalista Carlos Caro.

A su vez, el letrado planteó: “Autorizar marchas y dar garantías permite controlar a las masas para evitar descargos violentos o minimizarlos. Ilegalizar las marchas es fomentar la violencia, porque una vez que se abandona la legalidad, el paso hacia el enfrentamiento se hace más corto”.

Como primer muestra del nivel represivo ante manifestaciones críticas con la llegada de Francisco, este jueves 18 de enero, durante la primera jornada de visita del jefe de la Iglesia Católica, , la activista María Fernanda Arias, de 21 años, denunció haber sido detenida por ocho policías mientras escribía un cartel con el mensaje “el papa encubre a pederastas”.


Tras el revuelo y la lluvia de críticas, la Policía de Perú debió dejarla en libertad a las pocas horas. Incluso lo anunció a través de la cuenta oficial de twitter.


“No hay ningún motivo de detención por una razón bien sencilla: la Constitución dice que la detención solamente procede por la comisión de flagrante delito o por orden judicial. En este caso no hay flagrante delito porque el hecho de escribir un cartel que diga ‘el papa defiende pederastas’ es parte de la libertad de expresión; no podría ser calificado como un delito. (…) Estamos hablando de una detención claramente ilegal e inconstitucional”, explicó el abogado Carlos Caro.   

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