Redacción Canal Abierto | En recientes declaraciones al portal Letra P, el responsable del Servicio Penitenciario bonaerense, Juan José Baric, anunció que no se construirán nuevas unidades penitenciarias para responder a la sobrepoblación que, según el propio gobierno provincial, es de 10 mil detenidos.

La afirmación contradice los propios anuncios del gobierno bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal, quien en enero de 2016, a pocos días de asumir, había anticipado la construcción de nuevas unidades penitenciarias y la mejora de salario para su personal. El anuncio de la gobernadora se dio luego de decretar la Emergencia del Servicio Penitenciario en un momento de alta exposición mediática: acababa de ocurrir la escandalosa triple fuga de General Alvear.

A poco del hecho, el Ejecutivo bonaerense anunció la construcción de dos unidades penitenciarias (Campana y Lomas de Zamora), nuevas alcaidías en Campana y General Rodríguez, y la ampliación de las alcaidías de Lomas de Zamora y de San Martín. Además, prometió mejorar las 55 unidades que existen en la provincia más poblada del país para fin de este año y dijo frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que generaría 2 mil plazas nuevas para finales de 2018 con el objetivo de “desagotar el serio problema de las comisarías”, donde se calcula que hay alojados una cantidad equivalente de detenidos.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, directora de justicia y seguridad, y Macarena Fernández Hoffman, investigadora de política criminal y violencia en el encierro, manifestaron que “cada vez que un hecho grave –como la muerte de siete personas en una comisaría de Pergamino– llama la atención sobre el estado del sistema penitenciario bonaerense, el gobierno provincial anuncia la construcción de cárceles”. Sin embargo, no sólo se trata de una solución que no mejora una crisis que crece de la mano de la tasa de encarcelamiento (10% más elevada en el último año), sino que ni siquiera se lleva adelante.

“El gobierno provincial, lejos de desarrollar un programa progresivo de reducción de las personas detenidas a través del descenso de los niveles de encarcelamiento, toma medidas regresivas que empeoran aún más las condiciones de vida en los lugares de encierro”, sostienen las expertas.

En su informe, sostienen que la única respuesta que ha ofrecido el gobierno de Vidal frente al hacinamiento es “agregar una segunda cama en cada celda”, lo que empeora la situación y degrada “aún más las condiciones de vida de las personas alojadas en unidades y alcaidías penitenciarias”.

Como adicional, Vidal decidió legitimar las comisarías como lugares permanentes de alojamiento. “El Ministerio de Justicia hizo un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para mantener en tres mil el número de detenidos en comisarías. Cuando se exceda este tope deberá ser absorbido por el servicio penitenciario”, denuncian desde el CELS. Incluso así, para diciembre de 2017 ya había 3.192 personas alojadas en estas dependencias, donde hay celdas con cuatro camas en las que se aloja a 12 personas.

“Frente al estado crítico del sistema penitenciario, la Provincia prorrogó por segunda vez la emergencia penitenciaria. Pero, paradójicamente, para afrontar la sobrepoblación decide aumentar el hacinamiento”, concluyeron Litvachky y Fernández Hoffman.

en octubre

Nuestros temas