Por Sergio Alvez | Este 31 de enero, usuarios del servicio de energía eléctrica convocaron al primer gran apagón provincial contra los tarifazos y el mal servicio que presta la estatal Electricidad de Misiones Sociedad Anónima. Al apagón-previsto para las 20- se suman acciones y movilizaciones en distintas ciudades de la tierra colorada. La provincia tiene las tarifas más altas del país en materia de energía eléctrica de uso domiciliario, triplicando por ejemplo el costo que pagan los usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por estos días, las redes sociales y los medios de comunicación se inundan de facturas de EMSA enviadas por usuarias indignadas ante los descomunales aumentos. Hay de todo. En casos extremos, que no son pocos, se ven facturas que evidencian un idéntico consumo en noviembre y diciembre pero un aumento de hasta el 300%. Miles de familias cuyos ingresos no alcanzan los 15 mil pesos, recibiendo facturas de 2 mil, tres mil o cuatro mil pesos. El malestar y la desesperación de la ciudadanía alcanzaron tal magnitud que la Defensoría del Pueblo, junto al Ministerio de Derechos Humanos y un grupo de legisladores forzaron una mesa de diálogo con EMSA para evitar cortes en el suministro y solicitar que se revisen las facturas erróneamente emitidas.

Según la prestaría del Estado Provincial – que desde hace largos años es eje de  fuertes denuncias por mal servicio y desinversión en toda la provincia- el tarifazo obedece a la quita de subsidios del gobierno nacional. Más allá de esta interpretación, existe una situación que expone a las claras la brutal estafa a la que fue sometida la ciudadanía de Misiones en materia energética. Hablamos de la afectación directa que tuvo y tiene la provincia en relación a la represa hidroeléctrica Yacyretá. Con promesas de energía abundante y barata para la región, Yacyretá comenzó  a operar – una primera turbina- en 1994. En Misiones, tras un penoso proceso – que para diversas organizaciones sociales y quien esto escribe configura un genocidio social y ambiental– las inundaciones provocadas por la represa borraron del mapa más de 200 mil hectáreas – barrios enteros entre el sur de Misiones y Encarnación- obligando al éxodo, el desarraigo y la desocupación, a más de 80 mil familias, llamadas “afectadas”.

Las zonas afectadas se volvieron a su vez, epicentros de enfermedades típicas de las represas como ser el dengue, la leishmaniasis y la fiebre amarilla, entre otras. El río Paraná, desmejorado y sin debido tratamiento, se tornó una boca de riesgo en la cual sucumbieron decenas de personas en los últimos años. Semejante desastre, no tuvo compensación alguna para el pueblo. Como se dijo antes, hoy las familias misioneras pagan la energía más cara del país y existen 16 mil hogares que ni siquiera tienen luz.

Afectados

El 3 de diciembre de 1973, en el salón Independencia del Palacio de López, en Asunción, se realizó el acto de firma del Tratado de Yacyretá. Suscribieron el documento el sangriento dictador del Paraguay, General Alfredo Stroessner, y la vicepresidenta de la Nación Argentina, María Estela Martínez de Perón, en representación del General Juan Domingo Perón, quien no pudo acudir a dicho acto por encontrarse bajo una afección respiratoria.

El artículo 1 de ese documento expresa:

“Las Altas Partes Contratantes realizarán, en común y de acuerdo con lo previsto en el presente tratado, el aprovechamiento hidroeléctrico, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná a la altura de la Isla Yacyretá y, eventualmente, la atenuación de los efectos depredadores de las inundaciones producidas por crecidas extraordinarias”.

El tratado contempló además, la creación de la Entidad Binacional Yacyretá, compuesta por organismos energéticos de ambos países.

La obra se empezó a construir en 1983, a la altura de la localidad correntina de Ituzaingó, y se inauguró el 7 de julio de 1998 en un acto encabezado por los presidentes de Argentina Carlos Menem y de Paraguay Juan Carlos Wasmosy. Desde el 12 de febrero de 2011, la represa de Yacyretá opera con su cota máxima de 83m.

El Estado argentino, en toda la historia de construcción y puesta en marcha de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, nunca se preocupó seriamente ni tuvo consideración alguna por los afectados que ese proyecto hidroeléctrico generó. Lo mismo ocurrió en Paraguay con la misma represa, y en Brasil con las cientos de represas que afectaron a cientos de miles de familias en todas las regiones del país carioca.

En Brasil, no obstante, un hecho empezó a marcar la diferencia. En el Encuentro Nacional de Afectados por Represas, que se hizo en Sao Paulo en 2013, organizado por el Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB), el secretario general de la Presidencia de la Nación de Brasil, ministro Gilberto Carvalho, aseguró que “el Ejecutivo Nacional presentará una ley de reparación histórica para todos los afectados de represas en Brasil, con una debida revisión de cada una de las historias de esas miles y miles de personas”.El anuncio sólo puede entenderse como una victoria del MAB, organización que lleva 22 años luchando en Brasil por los derechos de los afectados. De todos modos la reparación histórica aún sigue sin cristalizarse.

Del lado argentino y con los afectados de Yacyretá, no fue posible, en cambio, generar una organización fuerte y unificada, y así el poderío de la burocracia de la Entidad Binacional, al servicio de la división entre afectados y la destrucción de lazos solidarios entre comunidades (el “divide y reinarás” en su máxima expresión política), terminó por devorarse cualquier posibilidad de reivindicación o defensa de los derechos de los afectados. Eso, y el irrestricto apoyo de las administraciones públicas —intendencias, gobernaciones, presidencias, espacios legislativos, etc.— a las políticas socialmente destructivas de la EBY, configuraron un mapa que se mantiene, donde el denominador común es la violación de derechos y la impunidad, todo empapado por sospechas constantes de megacorrupción (sobreprecios, funcionarios de la EBY que aparecen de repente con mansiones y playas sobre las costas del río del cual fueron echados los afectados, etc).

Pero, ¿qué es un afectado? Para la EBY, al igual que para las corporaciones privadas y estatales que construyen represas hidroeléctricas, un afectado es apenas aquel o aquella que ostente un título de propiedad del lugar sujeto a desalojo o expropiación forzosa. En Brasil, esta idea se condensa en la vigente ley 3356, de 1941, y hasta ahora única garantía jurídica para los llamados afectados.

Sin embargo, la definición del concepto de afectado, según la organización social que en nuestro continente acumuló más experiencia en la lucha por sus derechos, el MAB, es la siguiente:

“Todos aquellos sujetos que se vieran obligados a padecer los siguientes impactos:

– pérdida de propiedades, terrenos o lugares de residencia, así sean propietarios, hijos de propietarios, moradores sin escrituras, o con una relación directa de vínculo y dependencia de la tierra afectada.

– pérdida de la capacidad productiva de tierras o parcelas afectadas por inundación o expropiación o inaptitud.

– pérdida de áreas de ejercicio de la actividad pesquera.

– pérdida de fuentes de trabajo de las cuales se dependía o directa o indirectamente.

– prejuicios comprobables de alguna actividad lucrativa o productiva.

– comunidades originarias que vean sus recursos naturales y su modo de vida ancestral alterados”.

La violación de derechos de los afectados por la represa de Yacyretá en Misiones fue alevosa y tuvo que ver con la ausencia de leyes claras como las que hoy asoman en Brasil. A falta de estas normativas, la Entidad Binacional Yacyretá puso en juego sus propias reglas de “atención al afectado”, reglamentos de corte neoliberal diseñados para romper los vínculos solidarios y sociales entre afectados, para defraudar la organización de quienes querían unirse para defender sus derechos por sobre los atropellos impúdicos de la EBY.

Prueba de ello es la circular de 2009 (aún vigente), por medio de la cual la EBY comunica a los afectados que “no se aceptan reclamos colectivos sino individuales, presentados personalmente y por escrito, acompañados de la pertinente documentación de modo de organizar y planificar visitas domiciliarias y posterior estudio de factibilidad, a través de la Oficina de Reclamos”. Esta fue una artimaña establecida con el fin de aplastar el derecho a la organización de las familias que fueron afectadas por las obras del Plan de Terminación de Yacyretá —que se siguen ejecutando en Posadas y otras ciudades— y de este modo continuar con la política de reducir al máximo los costos de compensación y resarcimiento a las familias avasalladas por estos proyectos. Así, miles de familias que vivieron durante décadas en zonas costeras cercanas al río Paraná, fueron expulsadas a cambio de cifras irrisorias, para que luego, en los mismos lugares de donde fueron desalojadas, aparecieran lujosos chalets o emprendimientos comerciales. Estas estafas ocurrieron y siguen ocurriendo a la vista de todos y todas, en las localidades afectadas por la represa en Misiones. Lo único que debe hacerse para comprobarlas es acudir a estos lugares y predisponerse a conocer las historias.

La violación de derechos como política de Estado

“La Eby estafó a los oleros desde un principio. La mayoría se quedó sin trabajo y encima nos llevaron a barrios donde teníamos que pagar la cuota, la luz, el agua, cuando nos habían prometido todo lo contrario. Después compraron ladrillos de a miles a los oleros y no pagaron; no nos reconocen ni nos dan lo justo de indemnizaciones, muchísimos oleros se fundieron por culpa de la Eby. Pero cuando se hacen los reclamos, te dicen que no aceptan reclamos colectivos”, dicen desde la Casa del Olero, una de las organizaciones denunciantes contra Yacyretá que aún hoy insisten en sus dignos reclamos, aunque sin poder doblegar el poder económico de la corporación (EBY).

En la zona portuaria de Santa Ana, donde la EBY causó estragos sociales y económicos severos en la familias del lugar, la comisión vecinal de afectados informa que “Yacyretá nos dejó sin trabajo porque la gente vivía del río, y hubo pocas indemnizaciones, por montos mínimos. Unos pocos relocalizados se fueron del puerto presionados por el intendente de entonces y con un montón de promesas que la EBY no cumplió. En 1997 comenzamos a buscar abogados, a dar aviso a los vecinos y a ponernos en pie de lucha porque veíamos que nos estaban dejando sin nada. Se denunció al municipio por su inacción y a otras instituciones, pero nunca se consiguió nada. Hoy somos 300 familias que en su mayoría son muy humildes y que están sufriendo un montón de necesidades porque nadie se hizo cargo de reponer el enorme deterioro que causaron a las familias que antes vivían del río. Yacyretá no cumplió con los propios programas sociales que tenía que sanear esta situación. La situación hoy ya llegó a límites muy preocupantes y es por eso que estamos solicitando una urgente intervención”.

En septiembre de 2004, una resolución del Concejo Deliberante de Santa Ana (la resolución 01/04) declaró a la población del Puerto de Santa Ana en estado de Emergencia Social, Sanitaria y Económica. Aquella resolución facultaba al Ejecutivo Municipal a “gestionar y coordinar con el gobierno provincial en forma urgente la disponibilidad de medios y recursos materiales y humanos para atender a la población afectada por el embalse Yacyretá”. Estos recursos nunca llegaron al puerto de Santa Ana, que sigue viviendo sin agua potable domiciliaria. Ninguna de las viviendas tiene agua potable porque nunca se invirtió en pozos y redes.

En 2010, un informe escrito por este cronista y publicado en el diario PRIMERA EDICIÓN en base a información oficial, señalaba que “más de 523 millones de dólares recibió la EBY entre 2004 y 2009 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Tesoro Argentino a través de un Fideicomiso con el BICE y la Corporación Andina de Fomento (CAF), para poder concretar el Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) y el Plan de Acción para Reasentamiento y Rehabilitación (PARR). Gran parte de ese monto tenía como destino recomponer integralmente las unidades productivas de cada uno de los damnificados económicos y sociales de Yacyretá, además de garantizar a las poblaciones afectadas acceso a todos los servicios necesario para vivir dignamente. La situación de exclusión y marginalidad que padecen las 300 familias del Puerto Santa Ana es apenas una muestra del evidente desmanejo de los fondos destinados al saneamiento social y económico. Al igual que decenas de miles de misioneros damnificados por la represa —sobre todo en Posadas— se trata de ciudadanos que tras ser despojados de sus fuentes de subsistencia tradicional, hoy viven asolados por la desocupación y sin poder acceder a servicios elementales”.

Además de los pobladores del puerto, en Santa Ana fueron severamente afectados (y atropellados) por la EBY el grupo de oleros que trabajan en la desembocadura del arroyo Yabebirí, que integran la asociación civil “La Boca del Yabebirí”.

“Con la suba del agua por la cota de Yacyretá perdimos producción, perdimos tierras, trabajo, y desde hace años reclamamos pero la EBY no nos dio nada y las autoridades nunca se preocuparon por nosotros”, cuentan desde la organización. “La EBY intentó corrernos con el agua para no tener que indemnizarnos como corresponde”, señalaron integrantes de la Asociación de Oleros, en referencia a las inundaciones en las olerías, que truncaron décadas del noble oficio de fabricar ladrillos artesanales con el que estos hombres mantenían a sus familias.

En esa localidad laten historias que podrían ser el reflejo de miles y miles de casos. Uno de ellos es el del agricultor y afectado de la EBY Oscar Kuz, un botón de muestra para entender en qué condiciones transcurrieron, y transcurren, los procesos de desalojo de la Entidad Binacional Yacyretá. Una saga de presiones, amenazas, despojo, estafas y atropellos contra las poblaciones ribereñas, imposible de llevar a cabo sin la complicidad estatal.

“El agua se tragó siete hectáreas de la chacra donde vivimos y producimos desde hace 52 años. Teníamos vacas, que tuvimos que vender porque ya no tenían donde estar, animales varios, lechería, pescábamos, vivimos más de medio siglo produciendo y pescando. Todo eso se terminó por la inundación. ¿Y sabe qué nos quiere dar la Entidad Binacional Yacyretá como indemnización? 50 mil pesos. Para ellos toda una vida acá vale 50 mil pesos. Perdimos todo. Siete hectáreas bajo el agua. Y la EBY nos dice que nos tenemos que ir, y que no nos corresponde nada porque somos intrusos, dicen, y que la pesca no se considera un trabajo. Vivimos así toda la vida. Y ahora nos quieren sacar todo. Nos dijeron que nos busquemos alguna casita en el pueblo. Y ¿quién va a pagar el alquiler si nosotros ya no vamos a tener trabajo si nos sacan de la costa? Y me dijeron que después iban a ver la posibilidad de reintegrar los gastos de alquiler. Tenemos mucha presión pero vamos a resistir para que no nos estafen”.

Éste es el texto que la EBY diseña y obliga a firmar “bajo amenaza de perderlo todo” a los afectados pobres y en algunos casos analfabetos de las costas del río Paraná.

Éste es el texto que la EBY diseña y obliga a firmar “bajo amenaza de perderlo todo” a los afectados pobres y en algunos casos analfabetos de las costas del río Paraná.

Originarios estafados por la EBY

“Ninguna de las comunidades de San Ignacio que fueron afectadas por la represa fue debidamente compensada e indemnizada por la EBY”, afirmó el director de Caciques y Pueblos Originarios de la Municipalidad de San Ignacio, Benjamín Benítez, quien es además cacique de la comunidad Ychongy, enclavada en la zona de Puerto Nuevo.

A pesar de haber inundado grandes extensiones de tierras habitadas por comunidades indígenas, y de haber truncado para siempre la posibilidad de que estas poblaciones pudiera seguir viviendo del modo tradicional —pescando, cazando y accediendo a la medicina natural del monte—, la Entidad Binacional Yacyretá hasta ahora nunca reconoció como corresponde a las aldeas afectadas, que siguen sin recibir las indemnizaciones pertinentes por parte del organismo.

“Tenemos comunidades como Katy Piry y Pindoty a las que le han sacado mucha tierra y muchos de sus recursos, y otras que fueron afectadas en menor medida, pero sin embargo nunca se ha podido lograr que la EBY reconozca el daño realizado”, indicó Benítez, en relación al estado de total impunidad en el que se encuentran las causas abiertas contra la EBY por parte de las comunidades afectadas.

Bertolino Ortega es cacique de la comunidad Pindoty, ubicada en cercanías del Puerto Nuevo. En esta aldea persisten 8 familias, que subsisten de la venta de artesanías. “Somos afectados directos por Yacyretá, porque el agua se tragó nuestro territorio y el río cambió para siempre. Hoy ya no podemos pescar, se eliminaron las zonas donde conseguíamos nuestros yuyos ancestrales para medicina, cambió todo, está todo contaminado, pero la EBY nunca nos quiso reconocer nada, ellos son poderosos y se abusan de las comunidades”, se lamentó Bertolino.

“Llevamos varios años reclamando, junto a otras comunidades, hemos estado en la calle con nuestro reclamo, pero no hay forma de pelear con la EBY, ellos tienen todo comprado”, agregó.

Justicia a medida

La EBY cuenta incluso con cuña judicial de alto rango. Es que por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1931, de fecha 20 de noviembre de 2009, y con acuerdo de la Cámara de Representantes de la Provincia, asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (integrado en un 90% por probados amigos, exsocios y allegados al Ejecutivo Provincial) el abogado César Santiago, quien durante años fue abogado de la Entidad Binacional Yacyretá, y como tal responsable del diseño de exitosas estrategias para vapulear a los afectados.

Los gobiernos han sido siempre reacios, y lo siguen siendo ahora, a querer revisar la historia del proceso de desalojos forzosos de la EBY y las consecuencias reales sobre los 80 mil afectados. Si alguna vez llega a haber revisión memoriosa y reparación moral del Estado para con este sector social zaherido, saldrán a la luz con nombres y apellidos, los testimonios completos de la aberración, las cuantificaciones de la estafa, los enriquecimientos dudosos de ciertos funcionarios, los rastros indelebles de la violencia y la represión. Porque todo eso implicó el llamado “proceso de relocalización de afectados de Yacyretá” que, para ser justos y adoptando definiciones teóricas más acordes a la realidad y a los tiempos que corren, debería empezar a llamarse, sin tapujos, “el genocidio de Yacyretá”.

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