Redacción Canal Abierto | “Los recordamos como se merecen, como héroes”, dice emocionada Sandra Barícola en las vísperas de un nuevo aniversario de la tragedia que acabó con la vida de su hermano menor y otros nueve servidores públicos: los bomberos Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; además de sus colegas Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, del cuartel Vuelta de Rocha, y los agentes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.

“Ellos servían el prójimo. Mi hermano ganaba un sueldo de 6700 pesos y era empleado de Mauricio Macri (por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad), pero el Gobierno no se hizo cargo”, afirma Sandra en esta entrevista con Canal Abierto, y reclama: Es una causa que está sin resolver, bastante parada. Alguien tiene que escuchar el reclamo de los familiares, sólo buscamos justicia y definiciones”.

Pocos días después del primer aniversario, la fiscal subrogante Marcela Sánchez informó que los peritajes de la Policía Federal y el INTI determinaron que el incendio había sido provocado. Se encontraron, entre otros elementos, aceleradores químicos que llevaron la temperatura del fuego de los 100 a 1200 grados. Se confirmó que los rociadores no expulsaron suficiente agua y que las columnas carecían de revestimiento ignífugo. La investigación, no obstante, fue puesta en duda meses después por otro peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional. El juez Pablo Ormaechea será quien deba resolver la intríngulis.

“Mucha gente poderosa guardaba papeles e información ahí”.

Con el de Barracas, Iron Mountain lleva incendiados en el mundo siete depósitos. La Justicia comprobó que los de Londres y Ottawa, al menos, fueron intencionales. En Buenos Aires, la planta de Azara tenía seis pedidos de clausura recomendados por inspectores del Gobierno de la Ciudad. El excarapintada, amigo personal del presidente Mauricio Macri, y actual vicepresidente del Banco Nación, Juan Gómez Centurión, estaba por entonces al frente de la Agencia Gubernamental de Control, pero nunca ordenó cerrarlo.

“Acá hubo responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, particularmente del señor (José) Gómez Centurión que en ese momento estaba a cargo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Él tenía la obligación de que ese galpón estuviese en condiciones para habilitarlo”, lanza Barícola.

Los bomberos y técnicos consultados para esta investigación aseguraron que en un incendio como en el de Iron Mountain, una pared difícilmente caiga hacia el lado externo. Los abogados, en tanto, informaron que Iron Mountain despidió semanas antes del hecho a los bomberos de guardia que la ley exige tener las 24 horas. Y que el sereno, Oscar Godoy, desoyó las dos alarmas que sonaron pasadas las 8 de aquel 5 de febrero.

En la piadosa cadena de responsabilidades que el macrismo no tuvo con Aníbal Ibarra figuran Francisco Cabrera, hoy ministro de Producción y antes ministro de Desarrollo Económico porteño. Él, ex directivo del HSBC, tenía a cargo a Ezequiel Sabor, por entonces Subsecretario de Trabajo en la ciudad, encargado de las inspecciones en los edificios porteños. Suya era la potestad sobre la Dirección General de Protección de Trabajo al mando de Fernando Macchi, jefe de los inspectores y hoy funcionario del Ministerio de Trabajo.

La fiscal en funciones en la causa por estrago, Romina Monteleone, ordenó desde mayo pasado la indagatoria de unas treinta personas imputadas, entre ellas funcionarios del Gobierno de la Ciudad dependientes de Gómez Centurión y directivos de Iron Mountain, como su gerente general, Guillermo Eduardo Lockhart. Pasaron las preguntas pero no hubo un solo procesamiento.

“En la propagación del incendio ha incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, declaró una vez la fiscal.

“Pedro era mi hermano menor, era único, especial. Tenía una hijita chica. Trabajaba como administrativo pero en un momento decidió pasar a Defensa Civil porque tenía pasión por ese trabajo, por ayudar. Sabiamos que había riesgo, incluso ya había vivido situaciones de peligro, pero nadie imaginaba este final. A mi hermano nadie me lo va a devolver, pero nos duele mas la desidia sobre el caso, el trato indiferente e inhumano por parte del Gobierno”, asegura Sandra Barícola.

El trasfondo

A pedido de la Comisión Nacional de Valores, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014 que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.

Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBCpor estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas.

La pérdida de documentación fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani. Este hombre reveló la titularidad de 4040 cuentas argentinas radicadas en paraísos fiscales de Suiza, en los que el banco funcionó como vehículo de la operación ilegal. Esa información fue suministrada por el Estado francés al argentino y por el cual se tramita una causa en la Justicia local.

Si bien la trama delictiva nunca pudo ser reconstruida, el extitular de la Procelac Carlos Gonella asegura que es la misma que probó en el caso BNP Paribás. “Tenemos información que acredita cómo los oficiales del banco buscaban clientes y les ofrecían servicios para fugar divisas”, revelóEn total, migraron 1.000 millones de dólares a Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.

Existen más elementos para sostener que en Iron Mountain no hubo un accidente. Que alguien provocó el incendio en busca de un objetivo que, seguramente, no fue la muerte de diez personas. Es probable que haya habido un interés detrás de la destrucción de esa información.

La Unidad de Información Financiera, encargada de evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nuestro país, protagonizó bajo el mando de José Sbatella la búsqueda de justicia para las víctimas. ¿Cómo se evaluará el proceso del organismo a partir de la asunción en la era Cambiemos de la titular adjunta María Eugenia Talerico, ex apoderada del HSCB? ¿Será este caso dentro de algunos años el derrotero penal de una banda de amigos cercana al Presidente?

Entrevista completa:

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