Redacción Canal Abierto | En 2011, Cristina sufrió un allanamiento en su vivienda en Merlo. El motivo era una denuncia por cultivo de cannabis. Además de las cuatro plantas que tenía, la policía le robó dinero. Tras un año y medio de concurrir al Patronato de Liberados y cumplir con una probation realizando trabajos comunitarios fue sobreseída.

Cinco años después, el 14 de diciembre de 2016, la situación volvió a repetirse. Uniformados allanaron la morada donde se encontraba con sus tres hijos y se llevaron las plantas y los ahorros que tenía para comprar una cocina nueva. La sorpresa fue que, tras el suceso, investigando en la sede judicial de Morón, Cristina encontró que no había denuncias en su contra.

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A estos hechos se les agrega un tercero, en marzo de 2017, cuando personas usando uniformes policiales ingresaron en su casa y le sustrajeron más dinero.

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Desde Acción Cannábica exigen un marco legal que los contenga, y que se cambie la legislación buscando la despenalización del consumo y cultivo, sin diferenciar usos medicinales o recreativos, ya que apuntan a la figura del uso terapéutico, que se da en todas las situaciones y formato de su consumo.

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