Por Pablo Bassi | A través de diario Clarín, el Gobierno anticipó días atrás que busca ampliar las unidades ejecutoras encargadas de controlar la producción y asistencia de los beneficiarios de programas de empleo del ministerio de Desarrollo Social.

Los 500 mil inscriptos en Argentina Trabaja, Ellas Hacen y el Salario Social Complementario son regenteados por alrededor de 250 entidades ejecutoras, controladas mayormente por intendentes. El Gobierno pretende disputarle poder a los de signo opositor incorporando nuevos centros de fiscalización a su cargo.

Tal como la presentó Clarín, la medida parece más bien un guiño al electorado de Cambiemos a través de un supuesto combate al clientelismo. Pero las organizaciones sociales dudan del verdadero espíritu.

En diálogo con Canal Abierto, Daniel Menéndez de Barrios de Pie respaldó la transparencia en el acceso a los planes y recordó la posición crítica de su organización respecto a la manipulación punteril durante la gestión kirchnerista. “El tema es si detrás buscan retacear la ayuda social”, advirtió.

En la extensión de las unidades ejecutoras, el Gobierno incorporaría institutos primarios, secundarios y terciarios, lo que también despertó la sospecha de Fredy Mariño, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Con una resolución ministerial tiran por tierra el texto de la Emergencia Social, que plantea que el Argentina Trabaja, Ellas Hacen y el Salario Social Complementario tienen una base productiva. Quieren sustituir unidades de trabajo por formaciones para la inserción de la gente en el mercado laboral”, aseguró a Canal Abierto.

Detrás de la estrategia asomaría la sombra de Matías Kelly, el hombre del vicejefe de Gabinete Mario Quintana. De ríspida relación con las organizaciones, el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo la unidad ejecutora de Ingreso Social con Trabajo. Un área que, de prosperar esta iniciativa, fortalecería su poder.

Triaca, el desprendido

Cientos de personas acamparon durante esta semana en San Juan y algunos viajaron hasta Buenos Aires donde terminaron -por falta de respuesta- encadenándose al Ministerio de Desarrollo. Su reclamo: 13.600 trabajadores excluidos de programas de empleo del Ministerio de Trabajo de Nación. Si bien los contratos fueron prorrogados por tres meses más producto de la pelea, la medida es parte de una poda que, según trascendidos, alcanzaría  a 28 mil trabajadores.

Estos nuevos desempleados representan el 10% de los inscriptos en alguno de los planes de la cartera laboral. Están acusados por funcionarios del ministro Jorge Triaca de no haber realizado ninguna contraprestación durante el año pasado.

“Triaca quiere darlos de baja por irregularidades, cuando él es una irregularidad caminando”, ironizó Menéndez.

El rumor que circula en el entorno de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es que su compañero de Gabinete quiere transferirle una buena parte de esos programas. Entre ellos, los 13.600 que se prorrogaron en San Juan. Hay, incluso, quien escuchó hablar de 43 mil beneficiarios traspasados.

-¿Esto podría afectar la labor diaria de los trabajadores?

-No –respondió Menéndez- Pero es una definición conceptual. El que no tiene laburo debe ser atendido por Desarrollo Social, no por el Ministerio de Trabajo. Pareciera que Triaca está para flexibilizar condiciones de empleo y no para resolver la precariedad.

 

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