Por Sergio Alvez | Tras su reciente paso por los Estados Unidos, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la creación de una “task force” para actuar en Posadas, conformada por policías de la provincia de Misiones que se “capacitarán” con “especialistas” de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para “combatir el narcotráfico y el terrorismo en la frontera”.

Sobre ello, el gobierno de la provincia de Misiones negó que fuese “una base” de la DEA en Posadas, y en la voz del ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez, explicó que “se trata de una acción superlativa donde el objetivo es capacitar a un grupo seleccionado de miembros de la Policía provincial. La DEA no actuará en Misiones porque no corresponde, sino que formará a un grupo selecto. Se los formará y luego actuarán aquí con información de la DEA sobre delito del narcotráfico, con una escala superior. La base será en Posadas”.

Pérez sostuvo además que “esto es fruto de la relación que tiene (el presidente, Mauricio) Macri con (el gobernador de Misiones, Hugo) Passalacqua, que es de trabajo conjunto”.

Tras el anuncio, llovieron las expresiones de rechazo y repudio a esta maniobra de penetración del militarismo yanqui en la Triple Frontera. “Desde el espacio de derechos humanos conformado en la ciudad de Posadas, Misiones, expresamos nuestro repudio a la creación de un grupo de fuerzas especiales ‘task force’ con efectivos de la DEA en Posadas, tal como lo anunciara en el marco de su gira por Estados Unidos la ministra de seguridad, Patricia Bullrich”, sostiene un comunicado firmado por casi cien organismos y referentes de los derechos humanos provinciales de Misiones y del resto del país, entre ellos Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Serpaj de Misiones y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

También desde el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE Misiones) manifestaron un fuerte rechazo a este proyecto: “Vemos, como en años pasados, otro intento del imperialismo para asentarse en una zona estratégica por sus recursos naturales, como ser el Acuífero Guaraní y la selva paranaense, con la burda excusa del narcotráfico. Exigimos al gobierno de la provincia que no permita que el Estado norteamericano se entrometa en las cuestiones de seguridad ni en ninguna otra cuestión de la provincia”.

“La DEA revende el 50% de la droga que incauta”

Hace diez años, el gobierno de Evo Morales expulsó de su territorio a la DEA del Estado Plurinacional de Bolivia por espionaje político y financiamiento a grupos delictivos. Al evocar esta medida, el presidente de Bolivia sostuvo que esta decisión fue acertada porque refleja en la actualidad “una patria digna y soberana, libre de injerencias imperiales e intereses extranjeros”.

El mandatario reveló en 2008 que la DEA había financiado las tomas de los aeropuertos, promovida por cívicos de las localidades de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, cuando instaban a un golpe en su contra.

“La decisión de expulsión se tomó por el trabajo de espionaje político y financiación a grupos delincuenciales por parte de agentes de Estados Unidos. La DEA se quedaba con el 50% de la cocaína que incautó en Bolivia para financiar actividades ilícitas. Estados Unidos creó, con el problema de las drogas, la excusa mañosa para aplicar una lógica imperialista de control de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas de la región, para interferir en la administración de los Estados”, aseguró Morales.

en octubre

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