Redacción Canal Abierto | La bibliotecaria de 45 años María de los Ángeles Paris murió en circunstancias no aclaradas aún en la Comisaria 10 de Rosario, el 3 de mayo del año pasado. Ayer, diez meses después, se realizaron las pericias sobre los teléfonos de los siete agentes -incluido el comisario- que se encontraban en el lugar al que la docente llegó detenida sin causa. También sobre el celular de la propia víctima, lo que podría arrojar alguna certeza sobre los últimos momentos de María de los Ángeles.

Esos teléfonos fueron secuestrados 15 días después del hecho -se quejaron los familiares-. Recién ahora tenemos informes sobre las llamadas entrantes y salientes de la comisaría, prueba de que ya estaba en formato digital pero el fiscal Luis Schiappa Pietra no lo había informado a la fiscal de Violencia Institucional, que actúa en la causa”.

La mujer murió en el interior de la comisaria después de haber sido privada ilegalmente de su libertad, esposada con las manos tras la espalda, boca abajo, tirada en el piso. Todavía no se sabe cómo ni por qué fue detenida. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle y del interior del destacamento policial no pudieron ser recuperadas.

La abogada Julia Giordano, de la APDH Rosario, patrocinante de la querella, contó a Canal Abierto que “la pericia está a cargo de la Policía Federal, este tiempo de demora nos habla de los obstáculos que estamos teniendo en la causa, de las dificultades, porque cuando uno tiene en la mira a las fuerzas de seguridad siempre son mayores las desavenencias con las que uno se encuentra”.

Cuando la familia llegó a “la Décima” se encontró con María de los Ángeles ya muerta y le negaron la posibilidad de verla. Por eso comenzaron a dudar de la versión de la muerte natural. También estuvo en la comisaría el fiscal que, entre otros olvidos, no ordenó el secuestro de las prendas que vestía la mujer en el momento de su deceso, con lo cual se perdió una prueba “valiosísima”, según denuncia la querella.

Giordano amplía la serie de irregularidades con las que se encontraron a la hora de intentar hacer avanzar la investigación: “se hizo una autopsia en el instituto médico legal que desde la querella señalamos como incompleta y falaz, que fue ratificado por un preinforme de la autopsia que ya tenemos, con peritos de la Morgue Judicial de la Nación, y con peritos de partes, y con esto sabemos que hay lesiones que no habían sido señaladas en la primera autopsia. O sea que sí hubo violencia en la comisaria”.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se apuró a decir que no había habido violencia en el caso de María de los Ángeles, y pese a que el segundo informe constata lesiones inmediatamente anteriores a la muerte, el mandatario no tuvo la deferencia de retractarse.

El caso

María de los Ángeles Paris era bibliotecaria. El 3 de mayo salió de la escuela Técnica N° 464 caminó por Pueyrredón hasta Santa Fe y entró al supermercado Carrefour. Ahí se encontró con una colega y su esposo, con quienes estuvo charlando un rato y quienes después la acompañaron a tomarse un taxi. Eran cerca de las 20. Poco después moría en una celda de la Comisaría 10, ubicada en Darragueira 1156 del barrio Alberdi. Estaba esposada. Dijeron que fue un paro cardiorespiratorio, que sufrió una crisis, pero no se conoce el motivo. Tampoco explicaron por qué María de los Ángeles estuvo en esa seccional ese día. Su hija y su hermana la llamaron por teléfono porque no volvía a su casa. Los que atendieron el celular fueron los policías que se negaron a pasarles con Paris. “La tienen que venir a buscar acá”, les dijeron. Pero cuando llegaron, se encontraron con la noticia de que ya estaba muerta.

Cuando les devolvieron sus cosas, sólo eran algunas: otras todavía no aparecen. En tanto, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, dijo a los dos días que ya no había nada que investigar.

“El gobierno provincial firma un acuerdo con la Nación para saturar las calles de la ciudad con fuerzas federales. Este caso no puede ser entendido por fuera de este contexto, en el cual el Ejecutivo tiene como política de seguridad: la profundización de medidas represivas. Entendiendo la seguridad como la represión del delito y no como la prevención, Y en este contexto se le da piedra libre a los agentes de seguridad para que actúen según su criterio en cada caso. Es una política que viene profundizando este gobierno provincial”, analiza la letrada de la querella.

Además de la APDH local, la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario y el sindicato docente AMSAFE-Rosario representan y acompañan a la familia. También se realizó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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