Por Carlos Fanjul | En Tucumán no cayó en saco roto la reciente autopostulación de Alfonso Prat Gay a la gobernación de la provincia “para ayudar al pueblo a acompañar el cambio”.

El ex ministro de Hacienda macrista es un personaje muy conocido en ese territorio. O mejor dicho, a él lo conocen sólo por los medios, pero al apellido lo tienen más que junado a lo largo de una historia oscura, más ligada a negocios antipopulares y a secuestros y desapariciones durante la última dictadura genocida que al concepto de ayuda para con el pueblo tucumano.

Si bien su abuelo y su padre comandaron durante años el negocio azucarero de la región, muchos se preguntan de dónde y para qué surgió esta idea de gobernar una provincia en la que vivió en su niñez pero que le resulta ajena a su desarrollo público.

Según algunas fuentes consultadas, todos saben que legalmente una supuesta candidatura de Prat Gay no tiene de dónde agarrarse, ante el evidente incumplimiento de lo que dispone la Constitución provincial que en su artículo 88 exige que para ser elegido gobernador hay que tener “dos años de residencia inmediata en la Provincia y de ciudadanía en ejercicio”.

Si bien el hombre ligado a Elisa “Lilita” Carrió ya habló en diciembre de esta posibilidad y hasta visitó un par de veces la provincia durante enero, algunos colegas confiesan en secreto que “nadie hasta ahora vio el supuesto cambio de domicilio, dicen ya efectuado en noviembre” y que “aunque algún día aparezca, resulta difícil de creer que no será fuertemente impugnado ya que en junio o julio del año venidero, en la previa  de las postulaciones oficiales, no estará cumplida la exigencia constitucional de dos años de residencia”.

¿Y entonces?

Más allá de que en política y, peor aún, en los recovecos de los cajones judiciales todo puede ser, la mayoría coincide en especular con que todo esto se trataría más de un apriete en dos direcciones, ideado desde la Casa Rosada, que a una posibilidad cierta.

Los que abonan esa teoría prefieren razonar que Mauricio Macri, a través del Coty Nosiglia, uno de los operadores históricos del establishment prolítico, apunta a dejarle en claro al radical tucumano -y nombre propio para la conducción nacional de la UCR- José Manuel Cano que no necesariamente será respaldado en una tercera intentona por llegar a la casa de gobierno, luego de haber perdido primero a manos de José Alperovich y, en 2015, frente al actual mandatario peronista, Juan Manzur.

“Pero sobre todo –aseguran- el mensaje está dirigido al propio gobernador Manzur, quien, más allá de ser uno de los gobernadores justicialistas vestidos de amarillo desde que asumió Macri, se la puso difícil a fines de año para darle el voto que necesitaba para la reforma previsional, por ejemplo”.

En este sentido, vale recordar que Manzur recién le ordenó a sus diputados Pablo Yedlin, Gladys Medina y José Orellana que votaran a favor de la iniciativa oficialista –alguno incluso se negó a bajar al recinto hasta último momento- luego de conseguir que la Casa Rosada retroceda con la suba de la alícuota del impuesto interno a las bebidas azucaradas, que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pretendía llevar del 8% al 16%.

En Tucumán se comenta que Macri, incluso, no vería mal que Manzur siguiera en su cargo porque conoce a fondo cuáles son los puntos débiles del gobernador peronista y la manera que siempre tiene de utilizarlos.

“No vamos a invalidar a nadie”, se abrió del juego interno el Presidente, mientras por lo bajo sus voceros aseguran que se alentará una competencia dentro de Cambiemos entre Prat Gay y Cano, pero también con participación de Gustavo Alfaro, actual intendente de la capital provincial, y hasta del ex jefe comunal Domingo Amaya, hoy hombre de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. 

La cantidad de apellidos en danza habría sido motivo, se sospecha, de una reciente foto entre Prat Gay y Cano, y hasta de algunos rumores que aseguran la posibilidad de una fórmula conjunta en esas PASO del 2019, que prometen acumular variedad de apellidos a la hora de elegir y de padrinos en las sombras que las seguirán de cerca desde la Capital Federal. 

La historia negra de los Prat Gay

Más allá de las posibilidades legales y de supuestos aprietes macristas, el nombre de Prat Gay encierra una hipótesis de cuestionamiento mucho más profunda.

Tanto en redacciones periodísticas, como en esferas de la política amarilla, razonan que la historia negra de los Prat Gay en la provincia lo puede situar a Alfonso como una piedra en el zapato de los gustos electorales. 

“Para muchos tucumanos, ese apellido es mala palabra”, le confesaron a este cronista.

Retrocedamos… 

En 1936, un grupo de radicales fundó en el departamento Leales de Tucumán la Compañía Azucarera del Norte, más tarde conocida como Ingenio Leales. El abogado Fernando de Prat-Gay, abuelo del ex ministro, fue el primer presidente del directorio de una empresa, pequeña en su producción, pero con gran cantidad de obreros a cargo. En los 60, el empresario integró la Comisión Especial del poderoso Centro Azucarero Argentino (CAA), controlado por la familia Blaquier, que impulsó el cierre de once ingenios azucareros y, con ello, el destierro de 200 mil trabajadores del sector, en una situación, tristemente recordada en la provincia, y con algunos puntos de contacto con el actual lock out patronal que afecta al sector en estos días.

Ya con el golpe genocida del 76, el Ingenio Leales aparece entre las industrias azucareros de Tucumán que aportaron abultadas sumas al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi. Para entonces, Jorge de Prat-Gay, padre de Alfonso, fue designado en el directorio del Banco Nación. Parte de los beneficios del clan familiar de los Prat Gay durante la dictadura fueron denunciados en 2013 por la Comisión Nacional de Valores.

Secuestros y desapariciones

Sin embargo, un dato menos conocido es una investigación que lleva adelante la Justicia federal tucumana sobre por lo menos cinco secuestros en el Ingenio Leales, entre los que hay obreros de la Fotia, con, al menos, uno desaparecido.

En la provincia se asegura que eso no termina allí, ya que, al igual que lo que ocurre con el apellido Blaquier en Jujuy, al de Prat Gay se lo relaciona con la elaboración de listados de trabajadores y delegados gremiales pasados a los comandos militares de la época.

En el informe Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad, publicado años atrás, se detalla que los obreros del interior de la provincia fueron el universo más numeroso entre las víctimas de la represión tucumana. De las “269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia –señala–, alrededor del 42 por ciento fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, y 15 por ciento fueron dirigentes sindicales y gremiales”.

El ex delegado de la FOTIA, Hugo Santillán asegura que “en Tucumán hubo dos genocidios. Uno social, en 1966 con el perjuicio de 200 mil personas que tuvieron que salir a emigrar. Y el otro genocidio de 1976, con muertes, pero también con consecuencias sociales también porque se echan a miles de personas a la calle”.

Por otra parte, en un libro sobre la historia de Tucumán, su autor Roberto Pucci relata sobre la primera de las acusaciones a la familia Prat Gay que “un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios y la eliminación de los pequeños productores cañeros, favorecía la concentración del poder económico en sus manos, se aliaron a ese plan pese a que en el corto plazo condenaba a toda la provincia a la agonía. En diciembre de 1965, una comisión especial de la CAA, corporación que se encontraba bajo el férreo control de Blaquier-Arrieta, elevó al PEN un plan para el cierre de doce ingenios azucareros y la redistribución provincial de los cupos de producción. Aquella comisión especial de la CAA estuvo integrada por Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma y por Alfonso Nogues, Fernando de Prat-Gay (h) y Juan José Sortheix pertenecientes al grupo de industriales tucumanos encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido en el proyecto de reorganización y monopolización del azúcar”.

Por otra parte, se recuerda que en 2013 la Comisión Nacional de Valores (CNV) denunció que algunos de los beneficios del clan familiar de los Prat-Gay durante la dictadura se produjeron cuando Jorge Prat Gay fue miembro del directorio del Banco Nación entre 1976-1981 y era dueño de Compañía Azucarera del Norte, ampliamente favorecida por la política crediticia del banco oficial que, según recuerda la documentación recogida por la investigación de la CNV, le otorgó en mayo de 1980 facilidades por 1400 millones de pesos para financiar la producción de azúcares blancos de la zafra de ese año.

Los Prat Gay siguieron como dueños del Ingenio Leales hasta la década del 90, cuando se declararon en quiebra. En 1990 pidieron un préstamo de un millón y medio de dólares al gobierno provincial. El gobernador José Domato salió como garante del financiamiento a la compañía concursada. Como la firma era deudora del entonces Banco de la Provincia de Tucumán, se trianguló el crédito a través de la Caja Popular de Ahorros. Una intervención federal terminó con la detención de Domato por presunta malversación de fondos públicos. En el 2000, fue declarado inocente junto a Jorge y Máximo de Prat Gay.

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