Redacción Canal Abierto | En el mes de la Memoria, el  Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, solicitó a magistrados penales que evalúen otorgar libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 condenados por crímenes de lesa humanidad.

Entre los posibles beneficiados están represores como el ex jefe de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta (foto principal), el reconocido torturador  “Turco” Julián, el médico Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, el ex fiscal Gustavo Demarchi, Adolfo Donda, y el ex capellán de la policía Christian Von Wernich, todos sentenciados por genocidio.

El portal Infobae publicó la información según la cual, con el argumento de reducir la superpoblación carcelaria, el 31 de enero el director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, elevó el planteo. Incluye a un total de 1111 detenidos, que descomprimirían la situación que se vive en las cárceles de todo el país.

La nota incluiría los nombres de los beneficiados y fue dirigida al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos, con copia a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al Ministro Germán Garavano.

En conversación con Canal Abierto, Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, aseguró que el planteo es “inconstitucional, porque en el ordenamiento jurídico argentino existe un estamento que es el que decide sobre estos temas”. “En este caso el Ministerio sugiere, pero se trata de una intromisión, porque los que deben encargarse son los jueces de ejecución de sentencia, y a ellos no se debe dirigir el SPF o el Poder Ejecutivo, sino el defensor”, explica el abogado.

En total, son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”; “internos comunes mayores de 70 años”; “internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”; “discapacitados”; “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”; “alojadas con hijos”; “internas embarazadas”; e “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional”. Con argumentos similares, la propuesta pondría en igualdad de consideración a una mujer con un hijo mejor, condenada por un delito común, que a un genocida responsable de crímenes contra la humanidad de cientos de personas.

La carta explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia le había pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano, que diera una solución a la saturación de las cárceles.

Según la nota publicada ayer, entre las personas “sugeridas” por el Gobierno para salir de prisión hay 106 del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de 10 años, con casos contemplados en el Protocolo para acceder a la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Capurro, que además es integrante del departamento legal de la Asociación Trabajadores del Estado y fundador del Comité de Acción Jurídica, analiza que se trata de “una forma de hacer una manifestación política por parte del Gobierno, que obedece a su propio desmoronamiento”. “La UIA se empezó a dividir, la economía no marcha, se resquebraja el modelo con el déficit fiscal, la falta de inversiones, la deuda que crece de una manera desmesurada, Estados Unidos ha decidido subir aranceles, entonces esto es un manotazo a la brasilera, hay una crisis generalizada y esto es una expresión de esa crisis”, expresa Capurro. Y finaliza: “además, en la lista ponen en igualdad a una mujer común con un niño en la cárcel con un genocida. Es un disparate burdo al que no le veo futuro”.

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