Redacción Canal Abierto | Instituciones y trabajadores que prestan servicios a personas con discapacidad, junto a padres y familiares, se manifestaron hoy frente al Ministerio de Salud para denunciar el desfinanciamiento de estas organizaciones y exigir el pago de la cláusula gatillo que el Estado adeuda desde octubre de 2017.

Estas organizaciones agrupadas en el Foro Permanente para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad (Foro-Pro) son centros educativos y terapéuticos que brindan cobertura integral para las necesidades de estos ciudadanos, según lo establece la Ley 24.901.

En diálogo con Canal Abierto, Daniel Ramos, del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), explica que “el motivo de la convocatoria es que no se ha cumplido con las promesas de ajuste arancelario para que nuestras instituciones funcionen. El Ministerio de Salud es el que fija los valores para las distintas actividades de los hogares, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, centros de día. Y lamentablemente venimos con promesas incumplidas y a eso se le suman los atrasos del programa Incluir Salud que hace que sea muy difícil sostener la atención. Esto es lo que hace que padres y profesionales estemos presentes aquí. Estamos hablando en todo el país de casi 100 mil personas con discapacidad con cobertura.”

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En la movilización se encontraban presentes trabajadores y pacientes de organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano pero también hubo durante el día actividades en Chaco, Córdoba, Rosario y otros lugares del país. Además, fue muy importante la presencia de los transportistas, que con sus combis son los encargados de brindar el servicio de traslado que la ley también garantiza y que se se ven afectados por esta situación.

“Es muy difícil que las instituciones cierren porque estás dejando sin atención a los discapacitados. Venimos con atrasos en los pagos de sueldos y proveedores -explica Ramos-. Muchas instituciones están al borde del cierre o reduciéndose a lo elemental. Hay docentes, psicólogos, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, que tienen derecho a cobrar sus sueldos. La atención se apoya en lo humano, y muchas veces son relaciones uno a uno”.

Nuestro país a través de la Ley 24.901 ha establecido un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. A su vez, la adhesión a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo aquello que promueva el desarrollo pleno y la inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo. Pero como se observa en otras áreas, el Excel gubernamental no discrimina, sólo resta.

Si bien no hubo funcionarios presentes, sí se registró la presencia de la Policía de la Ciudad, que filmó durante la concentración a estos (¿peligrosos?) manifestantes con Síndrome de Down o en sillas de ruedas, a sus padres y docentes. En lo que refiere a seguridad, el Gobierno también fue consecuente.

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