Redacción Canal Abierto | El martes 20 de marzo el Parlamento español renovó una deuda con la democracia que lleva casi cuatro décadas, cuando allá por 1977 -tras la muerte del dictador Francisco Franco- el gobierno de transición de Adolfo Suárez aprobó la Ley de Amnistía. Presentada a la sociedad como de “reconciliación social de los españoles”, la norma en realidad buscaba poner un manto de impunidad sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y los 40 años de franquismo.

Ese día los conservadores PSOE, PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra de la modificación de aquella Ley, una propuesta conjunta de los partidos Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nuevas Canarias.

“De alguna manera, en España sigue gobernando el franquismo”, opina en esta entrevista Adriana Fernández, familiar de una víctima del franquismo y querellante de la causa que en investiga los crímenes franquistas en la Argentina, hoy en manos de la jueza María Servini de Cubría.

En dos oportunidades, en septiembre de 2013 y octubre de 2014, la magistrada solicitó la extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de Estado. En ambas ocasiones, al igual que en tantas otras que le siguieron, España rechazó las solicitudes.

La querella argentina comenzó con la presentación de Darío Rivas, ciudadano de origen español que reside en Argentina desde los años 30. Su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de la Falange Española. Junto a otros familiares de víctimas, entre ellas Inés García Holgado y Adriana Fernández, Darío inició la denuncia el 14 de abril de 2010 en el Juzgado de Buenos Aires.

“Son al menos 114 mil historias enterradas en las cunetas, y que están esperando una exhumación. Son nombres y apellidos con familiares que buscan Justicia”, dice Inés García Holgado. Aunque agrega: “Pueden que sean muchas más ya que esa cifra se tomó de los nombres que presentaron asociaciones al momento de abrirse la querella en España. Pero como suele suceder en estos casos, muchos no se presentaron”.

En Argentina la investigación se abrió por la aplicación del principio de jurisdicción universal, y es la única abierta en todo el mundo por las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por el franquismo. Se trata de la misma interpretación jurídica que utilizó tiempo atrás el juez español Baltasar Garzón para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena.

De todas formas, el proceso iniciado en Argentina en 2010 no es un lecho de rosas. Desde un principio la Justicia y el poder político español intentaron sembrar de impunidad ese camino, algo que ahora pareciera repetirse también en nuestro país.

“En los últimos años vimos un freno en la investigación, algo que se condice con lo que está pasando en todo lo que tiene que ver con los Derechos Humanos en Argentina -cuenta Fernández-. Aunque en estos momentos sea más duro, nosotros seguimos”.

“En los 90, tampoco las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tenían espacio, y los represores andaban sueltos. Sin embargo, cuando gracias a la lucha se logró la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, los juicios reiniciaron y se empezó a hacer justicia. Por eso tomamos el ejemplo de ellas y seguimos luchando”, aseguran las querellantes argentinas.

24 de marzo: un símbolo sin fronteras

Durante la Guerra Civil Española, pero sobre todo en los primeros años de franquismo, era común el secuestro y desaparición de personas por parte de las fuerzas fascistas, además de la censura y la persecución de disidentes, artistas y pensadores. “La modalidad era muy parecida a la de la última dictadura argentina: iban con camiones, se los llevaban de las casas, los torturaban y los desaparecían”, asegura.

“El 24 de marzo es una fecha importantísima para nosotros. Por eso vamos a marchar, con la bandera republicana, y para recordar a los nuestros y los 30 mil desaparecidos”, afirma Fernández.

 

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