Por Gladys Stagno | A mediados de marzo, la Corte Suprema vapuleó a los funcionarios de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en una audiencia donde debían rendir cuentas de su accionar y su planificación para el saneamiento del curso de agua.

Cuentan los presentes que cuando los jueces le preguntaron a Dorina Bonetti, presidenta de Acumar, cuáles eran los plazos para el cumplimiento de la sentencia que la Corte emitió el 8 de julio de 2008 –por el que disponía el saneamiento-, la funcionaria no supo qué decir. Y que cuando consultaron a Ramiro Masjuan, director nacional en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sobre los plazos de construcción de viviendas para relocalizar a los vecinos de la cuenca, tampoco logró articular una respuesta.

“Empezó a balbucear datos y cifras. Dijo que en cinco o seis años estarían las viviendas listas, pero no tenía una planificación previa –relató Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad-. La audiencia fue un verdadero papelón por parte de los funcionarios del Gobierno que ahora, como las tres jurisdicciones responden al mismo signo político, tuvieron una sintonía vergonzante”.

La falta de datos y de planificación por parte del organismo tiene explicación: desde que asumió Cambiemos, Acumar tuvo cuatro presidentes. 

El titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, fue el encargado de pasar en limpio que, a diez años, ninguna de las metas del plan integral de saneamiento de la cuenca se han cumplido. También de recriminar que cada nuevo funcionario que asume al frente del organismo actúa ignorando las políticas, deudas y obligaciones que éste arrastra de las gestiones anteriores. Entre esas deudas está la relocalización de los vecinos que viven en zonas anegables y/o contaminadas de los trece municipios de Provincia y Ciudad de Buenos Aires que atraviesa la cuenca, quienes esperan por viviendas cuyo plazo de construcción aún no está definido.

“Acumar todavía no ha generado un ordenamiento territorial para toda la cuenca, que es la normativa madre a la que se tenían que adecuar todos los municipios al momento de avanzar con obras y urbanizaciones –detalla Baldiviezo-. La falta de esa normativa ha hecho que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avance unilateralmente estableciendo una forma de urbanización para el sur de la ciudad orientado a la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios y a la privatización de los grandes parques, en detrimento de la vivienda social”.

En tanto, las pocas obras que se han hecho para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, la han empeorado. “Mediante un préstamo multimillonario, la Acumar está llevando adelante obras de agua, cloaca y pluviales en dos barrios de la Villa 21-24, San Blas y Tres Rosas. De acuerdo a lo que establecen los pliegos licitatorios, esas obras deben hacerse de manera tal de no comprometer el acceso al agua potable de los vecinos. Sin embargo, hay familias enteras que desde noviembre están sin agua”, relata María Eva Koutsovitis, ingeniera civil especializada en hidráulica y coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires.

El pliego al que hace referencia establecía que la empresa que se haría cargo de las obras tenía que abrir las zanjas, colocar el caño, conectar a las familias y tapar las zanjas en el mismo día para evitar la falta de suministro. Pero desde noviembre son muchos los vecinos que dependen de camiones cisterna que los visitan en forma esporádica, o de la entrega de agua potable en sachet.

La responsable es una unión transitoria de empresas (UTE) de Pose SA y Kopar SA, dos de las tres constructoras que –con Aparo SA- se reparten toda la licitación de la obra pública en los barrios populares porteños. “Las hacen sin ningún tipo de control, las facturan veinte veces, y siempre terminan o inconclusas o mal ejecutadas –afirma Koutsovitis-. Desde que arrancó esta obra vienen incumpliendo escandalosamente lo que establecían los pliegos. La consecuencia es que las zanjas están abiertas, las familias están sin agua y, con los plazos cumplidos, aún no hay tiempo de finalización”.

Por lo pronto, Acumar aún no ha emitido ninguna multa contra los concesionarios por los incumplimientos y tampoco sospechó ante una licitación en la que Pose y Kopar presentaron una oferta cuatro veces inferior a las otras empresas concursantes. “En lugar de llamar a las partes y ver el porqué de la diferencia, fueron con el precio más barato, que lo era porque no cumple en absoluto con lo que el pliego plantea”, asegura la experta.

San Blas y Tres Rosas no son los únicos damnificados de las obras deficitarias. Cuando en la audiencia los jueces indagaron sobre el estado de las nuevas viviendas que tienen peligro de derrumbe y paredes electrificadas, principalmente del barrio Padre Mugica (ubicado cerca de General Paz y Dellepiane) donde se relocalizaron vecinos de la Villa 21-24, los funcionarios –una vez más- no supieron qué decir.

 

Foto: María C. Lagos / Télam

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