Por Pablo Bassi | En septiembre del año pasado, el sindicato de visitadores médicos AAPM realizó un plebiscito en que el 98% resolvió no ir en busca de un aumento de salario básico, si por debajo de la manga la industria farmacéutica esconde la flexibilización del convenio colectivo.

La extorsión de los laboratorios encabezados por Roemmers intenta reducir la presencia de delegados sindicales y que su conducción haga la vista gorda a la violación de leyes de profesionalidad. Una de ellas, por ejemplo, que haya agentes de propaganda médica no matriculados.

Esta es una de las razones que encuentra el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma al brusco descenso del número de homologaciones en el Ministerio de Trabajo de unidades de negociación entre patrones y trabajadores. En 2017 hubo sólo 984: un 42% más bajo que en 2016 y un 53% menos que en 2015. Es la cifra más al ras del piso de los últimos diez años.

Luis Campos, coordinador del observatorio de la central obrera, asegura a Canal Abierto que el informe publicado enciende luces de alarma y que, de prolongarse la tendencia que arrancó en 2014, se podrían igualar estadísticas de la década del ’90.

“El descenso es llamativo y afecta con mayor intensidad a los convenios colectivos por actividad y a los acuerdos colectivos por empresa: los primeros caen un 70% respecto a 2016 y un 90% respecto a 2015; los segundos caen un 48% respecto a 2016 y un 53% respecto a 2015”, dice Campos.

Cabe aclarar, que los convenios colectivos abarcan todos los temas asociados a una relación de trabajo, mientras que un acuerdo colectivo alcanza sólo a ciertos aspectos. En este sentido, lo más homologado en 2017 fueron negociaciones de salarios. Lo novedoso, la cantidad de cláusulas de flexibilización: táctica alentada por el ministro Jorge Triaca para eludir una modificación agresiva de la Ley de Contrato de Trabajo en el Congreso.

Guillermo Pereyra, titular del sindicato petrolero, por ejemplo, habilitó metas de productividad, cambio de tareas y de lugar de trabajo, condiciones de labor desfavorables ante cambios climáticos. El lechero Héctor Ponce, en tanto, facilitó premios por presentismo, la incorporación de “franqueros” para evitar el pago de horas extra y la multifuncionalidad del obrero. Andrés Rodríguez, de UPCN, también suscribió para los trabajadores de la administración pública nacional ítems de presentismo y productividad.

Del otro lado, entre las organizaciones como la AAPM que resisten sin suba de salario básico, están los trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Al menos uno de los cuatro sindicatos con representación allí, ATE, ha explicitado que no avalará ninguna modificación al convenio colectivo. Otro caso es el de los trabajadores azucareros del ingenio El Tabacal.

“La magnitud del retroceso de la cantidad de negociaciones homologadas por el Ministerio de Trabajo es tal que no deben descartarse otras explicaciones posibles”, advierte Campos. Entre ellas, obstáculos administrativos o mayores demoras en los procedimientos previos al dictado de la resolución homologatoria, como forma de desalentarlas, o la preferencia empresaria por modificar salarios de manera unilateral.

Nuestros temas