Por Pablo Bassi | La tortilla se puede dar vuelta como en Loncopué, Neuquén, donde en 2012 un referéndum de acatamiento obligatorio desestimó por amplia mayoría la minería a cielo abierto sobre el ejido urbano. El intendente de Bariloche lo sabe, pero prefiere desestimarlo. Cree que, de esta manera, sus aspiraciones a gobernar Río Negro siguen intactas.

Por ello, el martes pasado Gustavo Genusso promulgó el proyecto aprobado por el Concejo Deliberante y redactado por él junto a la empresa CAPSA, que prorroga con ocho años de anticipación y hasta 2056 la concesión de la joya de la abuela: el cerro Catedral.

En tanto, un grupo de revoltosos vecinos se puso en marcha para impedirlo y juntó más de 3354 firmas, lo que exige ya al Legislativo comunal a expedirse próximamente sobre el llamado a un referéndum. Pero como el hecho tenderá a distenderse, ahora van por 6700 firmas más para forzar al intendente a convocar un referéndum de acatación obligatoria, como el de Loncopué.

Una de las referentes del espacio es Guadalupe García. En diálogo con Canal Abierto, explica cómo se desarrolla el protagonismo de quienes intentan tomar por las riendas la soberanía popular.

¿Cómo nace el espacio de vecinos autoconvocados?

-Surge de una primera asamblea que realizamos en febrero en un aula prestada por la Universidad Nacional de Río Negro, luego de que el intendente Genusso enviara al Concejo Deliberante el proyecto de readecuación del contrato del Cerro Catedral.

¿Qué piden?

-Una licitación internacional y no la prórroga del contrato con ocho años de anticipación. Entendemos que la modernización del centro de esquí es necesaria, pero no a cambio de tierras. La inversión inmobiliaria que pretenden llevar adelante no tiene pie ni cabeza. ¿Qué tiene que ver la modernización del centro de esquí con un loteo?

¿Cuántas personas están organizadas?

-Hoy somos más de 30 con identidades heterogéneas, cada una con su tiempo, su trabajo, su familia. Pusimos en común nuestros saberes y nos dividimos en comisiones para estudiar el proyecto, la legislación, los pasos a seguir para impulsar una consulta popular.

¿Por qué te opones, en términos personales, a este proyecto consensuado entre el intendente y CAPSA?

-Siempre me preocuparon los temas ambientales, e incluso los abordo como arquitecta. Por otro lado, me parece socialmente injusto que el Estado, en vez de privilegiar a los que menos tienen, invierta en la infraestructura de un proyecto que no existe aún y es ilegal porque contradice nuestra carta orgánica. 

¿Cuáles son esas necesidades?

-Los barrios de El Alto no tienen cloaca, conexión de gas natural, electricidad. Durante los últimos cinco años, los incendios crecieron ahí en un 320% porque en invierno la gente se cuelga de donde puede para calefaccionarse vía eléctrica 

-¿Qué obstáculos impuso la Municipalidad sobre la iniciativa popular?

-Por ejemplo, que dos de los tres integrantes de la Junta Electoral no cumplieran con su labor pública: certificar las firmas. En las comisarías tampoco y llegaron a querer cobrarlas, porque así lo ordenaron desde Viedma (capital de la provincia)

Algunos infieren que detrás del proyecto está el presidente Mauricio Macri, porque su amigo Nicolás Caputo, dueño de las tierras del lindero cerro San Martín, se vería beneficiado con la inversión.

-No pudimos grabar a Macri cuando bajó línea, pero inferimos que lo hizo. A Caputo se le negó el desarrollo en el cerro San Martín por falta de infraestructura, y ahora el Estado municipal garantizará los servicios eléctricos y sanitarios hasta su lote. De ahí nacen las dudas. Nada le impediría a Caputo desarrollar un emprendimiento en el cerro si la infraestructura llega a su puerta.

¿Quiénes apoyan el proyecto sostienen que actualmente en la base del Catedral ya hay restaurantes, hoteles, casas de alquiler. ¿Por qué no ampliar ese desarrollo?

-Esa infraestructura ocupa una base plana que, ahora, se intenta duplicar con 70 hectáreas sobre la ladera del cerro. Además hay que sumarle la construcción de un hotel por encima de los 1200 metros de altura, más una playa de estacionamiento, que nuestra carta orgánica prohíbe hasta que no esté previsto el impacto ambiental. 

Ustedes ya juntaron 3354 firmas, equivalentes al 3% del padrón, necesarios para que el Concejo Deliberante apruebe o no una consulta popular

-Así es, pero creemos que el oficialismo y PRO, que son mayoría en el Consejo, tratarán de enviar el proyecto a todas las comisiones posibles para dilatar su tratamiento. Por ello presentamos un amparo el lunes y una medida de no innovar, hasta tanto se defina esta segunda etapa.

Esta segunda etapa consiste en conseguir 10 mil firmas para obligar a la intendencia a realizar un referéndum vinculante…

-Claro.

-¿Y qué cerca están de lograrlo?

-Somos optimistas, porque en sólo 15 días juntamos más del 3% del padrón, aunque ahora las condiciones las impone la municipalidad: los puntos de recolección, horarios previstos, los folios que ella misma provee

Antecedentes

Días atrás, todos los partidos políticos con reconocimiento electoral en la ciudad –excepto el oficialismo de Juntos y PRO- presentaron una carta en la sede ejecutiva. Desde la UCR hasta el Frente de Izquierda, pasando por el PJ, el partido Río, Renovador, MAS, el Frente para la Victoria, vecinalistas y socialistas habían acordado solicitarle a Gustavo Genusso que retrotraiga su decisión.

Asimismo, en las semanas previas, 94 oradores participaron de una audiencia pública en la que la amplia mayoría se manifestó, con variados argumentos, contraria a extender la licitación a la empresa del grupo Vía Bariloche.

Algunos sostuvieron que el canon que percibirá el municipio es ínfimo: hasta 2023 equivale a 12.500 pases para ascender por teleférico, lo que representa un desprendimiento del 6% por cada pase. A partir de 2024 pasará a ser de 13.000 pases y desde 2027 de 13.500.

Otros argumentaron que una ordenanza de 2006 determinó los lugares donde es necesario realizar un estudio de impacto ambiental previo a cualquier construcción, y que la carta orgánica barilochense prohíbe loteos en la zona oeste de la ciudad (aquí se ubica el Cerro Catedral), así como el contrato de concesión de 1992 y su renegociación en 2004 plantean la obligatoriedad de un llamado a licitación internacional para 2023, que ahora quedaría desechada.

Las concesiones del grupo empresario de la familia Trapa durante las últimas semanas incluyen la duplicación al 30% del porcentaje del canon destinado a los barrios pobres de Pampa de Hueneleo (entre ellos los de El Alto, a los que hacía referencia García), la inversión de 22 millones de dólares en los próximos cinco años para ampliar en un 30% la capacidad de transporte y el área esquiable, un 300% la producción de nieve, la construcción de dos gimnasios y el padrinazgo de tres espacios públicos.

Nada sedujo a una oposición cívica que recurrió a la Justicia por abuso de autoridad en los deberes de los funcionarios públicos, el amparo y la medida cautelar de no innovar. Advirtieron que un eventual revés en la consulta popular podría impulsar un juicio ruinoso de CAPSA contra el erario público y que el turismo se trasladaría del aeropuerto al Catedral sin siquiera mirar de reojo las vidrieras de los centros comerciales que caerían en desgracia.

En la sede de la Junta Electoral, en el Juzgado de Paz, en una escribanía, en juntas vecinales y en supermercados alientan la participación ciudadana. En la página de facebook de “Un Cerro Catedral para todo Bariloche” se encuentran las direcciones, días y horarios para firmar.

 

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