Redacción Canal Abierto | Los trabajadores Agencia Nacional de Discapacidad (AND) se desayunaron con una postal violenta: carros policiales, un fuerte operativo y un listado en manos de la policía con nombres y documentos para discriminar quiénes podían ingresar y quiénes no.

La escena no sorprende, sino mas bien resulta cotidiana para los trabajadores estatales. En esta ocasión serían 60 los cesanteados. Según explica la delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo, Eliana Fernández: “No hubo ningún criterio ni explicación por parte de las autoridades. Hay trabajadores con 20 años de antigüedad, otros recién ingresados, e incluso cuatro delegados de ATE”.

“Entendemos que es todo parte de un plan de achique, junto a criterios que restringen el acceso de de personas con discapacidad a los servicios. Se estima un total de 100 mil  trámites varados en el área de auditoría médica, esperando su resolución”, cuenta Fernández, y asegura: “El ajuste nuevamente muestra su peor cara”.

En septiembre de 2017, tras el polémico intento del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja 100 mil pensiones por discapacidad, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Bajo el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, el organismo pretendió concentrar a instituciones como la ex Comisión Nacional de Pensiones, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Programa Incluir Salud.

Nuestro país a través de la Ley 24.901 ha establecido un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. A su vez, la adhesión a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (Ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo aquello que promueva el desarrollo pleno y la inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo. Pero como se observa en otras áreas, el Excel gubernamental no discrimina, sólo resta.

Desde ATE también denuncian que, mientras despiden trabajadores, existe un aumento de personal con contratos elevados, cuyos montos de los salarios superan ampliamente el haber de un trabajador del Convenio Marco. Los delegados revelaron que se asignan el cobro de horas extras que superan las 24 hs. del día y cobro de unidades retributivas (UR) que se traducen en abultados sueldos.

Si bien por el momento no se anunciaron medidas de fuerza, se encuentra suspendida la atención al público en sede central de Hipólito Irigoyen 1447 (entre Sáenz Peña y San José). “Lamentablemente, se perjudica a quienes vienen a hacer un trámite, pero sin pensiones no hay derechos para la población ni trabajo para nosotros”, señala Eliana Fernández.

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