Redacción Canal Abierto | Las últimas domiciliarias a genocidas conocidas la semana pasada le dieron continuidad al debate abierto por el beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz, que en realidad es una constante desde que Cambiemos llegó al poder.

Si bien se trata de una lucha eterna de los organismos de derechos humanos –la bandera de “cárcel común, perpetua y efectiva” es una reivindicación presente desde la reapertura de los juicios, y aun anterior- el discurso oficial y algunas iniciativas políticas generan un viento a favor para los grupos que ahora se animan a gritar a favor de la impunidad.

En los días pasados, el represor Aníbal Guevara, que cumplía sus dos condenas a prisión perpetua en el countrie de Campo de Mayo, y el jefe del Pozo de Banfield, “el Nazi” Juan Miguel Wolk -que estuvo prófugo, fue apresado, condenado, y ahora premiado con el beneficio- volvieron a sus casas.

En esta entrevista, la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, cuestiona “el contexto político que propicia” algunas decisiones judiciales, responsabiliza a los magistrados de sus fallos, pero destaca la solidez del movimiento de derechos humanos para contestar el impulso negacionista que busca grietas en el sentido común para poner en duda, o detener, avances históricos en el camino de Memoria, Verdad y Justicia.

-¿Cuál es el peso real del clima de época impulsado por el gobierno nacional?

Hay que diferenciar las decisiones que ha tomado por su cuenta el Poder Judicial. Uno podría pensar que están asociadas a determinado clima político actual que predispone la actuación de los jueces en un sentido u otro, más restrictivo con respecto a la aplicación de las penas en algunos casos, o más abierto con respecto a los genocidas.

Por otro lado, hay otra cuestión que sí involucra al Gobierno Nacional como es el listado que circuló del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ejecutivo, donde hay alrededor de cien genocidas que ellos consideran a los que pueden darles una morigeración de la pena. Entonces ahí sí claramente hay una perspectiva del Gobierno, expresada por el SPF. Ahí se podría observar que no fue un hecho fortuito de un organismo sino que se enmarca en una línea de orientación de la política criminal en delitos de lesa humanidad del actual gobierno.

Son responsables los jueces de sus propias resoluciones, pero habría que pensar si no las toman en un contexto político particular que las propicia. Entonces hay que interpelar en particular al sistema judicial pero, por otro lado, el Ejecutivo podría generar otro clima general.

-Todo está acompañado de un discurso oficial que renueva discusiones que parecían saldadas…

Lo que ha empezado a emerger, no oficialmente, de manera no tan directa o abierta, es la habilitación de determinadas voces, en gestos o actos como que un secretario de Derechos Humanos reciba a las “víctimas de las organizaciones terroristas”, que se cuestionen las cifras históricas de los organismos de derechos humanos, de los 30.000, que se cuestione a los organismos en sí, que digan que los organismos manipulan los hechos. O lo que fue la intervención de los propios organismos en el caso de Santiago Maldonado, poniendo en duda esta relación de los organismos con la verdad, con la justicia, con la memoria, generando interrogantes que son operaciones de sentido, menoscabando la legitimidad y la credibilidad. Pero no desde un discurso fuerte como podríamos haber encontrado en la dictadura hablando de la “lucha anti subversiva”, o el alfonsinismo hablando de la “teoría de los dos demonios”, o el menemismo hablando de la “reconciliación nacional”. No aparece un discurso orgánico sino que van apareciendo discursos que ponen en cuestión esta certeza que nosotros hemos venido construyendo como sociedad, que sigue consolidando un piso sobre la verdad memoria y justicia, que es sin dudas el cimiento del ordenamiento democrático.

Lo que pareciera querer hacer este gobierno es debilitar estos cimientos, pensar que puede haber una democracia donde se mire para otro lado, dejando el pasado atrás, y eso tiene que ver con la impunidad, con el olvido.

Eso, al menos desde las usinas nacionales. Aunque es cierto que apelaron judicialmente el fallo que benefició con domiciliaria a Etchecolatz, es siempre con esta intencionalidad de menoscabar ciertas certezas.

-¿Cómo se discute con eso?  

Creo que tenemos un piso muy fuerte para discutir cada una de estas cuestiones, por eso no emerge con fuerza ese discurso. Son ensayos donde las respuestas son contundentes: cuando la línea era la impunidad y la Corte sacó la resolución del 2×1, la contestación de la sociedad fue unánime, masiva y se expresó en la calle, y eso impulsó una ley que fue votada por todas las fuerzas políticas. Entonces, en la calle, que es el lugar en el que se construyó el movimiento de derechos humanos, donde se afianzó y se consolido en la transición democrática y en cada momento de la historia argentina después de la dictadura, ahí siempre se expresó la fortaleza de ese discurso, desde la sentencia a las Juntas hasta ahora, y los fallos provinciales, vuelven a demostrar que no hubo una guerra, que no hay dos demonios, que no se puede equiparar una violencia con otra.

Hay demasiado construido, suficiente para que estos discursos sean débiles. Yo creo que el discurso que ha construido el movimiento de derechos humanos es suficientemente fuerte para resistir a esta tendencia negacionista que no deja de ser intentos de retroceso. Pero desde la Comisión (CPM) comprobamos todos los días que existe una solidez, que esto se ha amasado con profundidad en la sociedad argentina y la posición mayoritaria es la que acompaña al movimiento de derechos humanos.

Pero existen ciertas minorías que no han dejado de existir, que son los sectores más autoritarios, que han convalidado la dictadura, que se opusieron desde el principio de la democracia a los proceso de justicia, acompañaron los movimientos carapintadas. Porque los procesos de impunidad en muchos casos fueron violentos, las Fuerzas Armadas amenazaron al orden democrático, y en esta disputa finalmente quedaron reducidos a un sector muy minoritario de la sociedad argentina que hoy tiene un lugar en los canales de televisión que antes no tenía, cierta habilitación que antes no existía. Esto sí es un alerta, y lo que marca es la actualidad que tiene la disputa por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

-¿Cuál es la perspectiva sobre el futuro próximo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia?

El movimiento de derechos humanos es un núcleo de oposición a cualquier regresión en la materia, no sólo en lo que tiene que ver con la dictadura sino con los derechos económicos y sociales. Cuándo aumenta la pobreza se violan los derechos humanos, y la política de Memoria, Verdad y Justicia no puede disociarse de eso. Cuando hubo momentos regresivos en materia de derechos en general, también hubo retroceso en Memoria, Verdad y Justicia. El neoliberalismo no sólo trató de aplacar las políticas de justicia con respecto a la dictadura sino en materia de derechos humanos en general. Ambas disputas están juntas y una le da potencia a la otra. Los juicios por delitos de lesa humanidad van a seguir, están muy fuertes, bien institucionalizados, pero eso no implica que no estemos en alerta.

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