Por Pablo Bassi | A cuentagotas, como la política de ajuste, fueron las notificaciones que recibieron los 213 trabajadores sobre su desvinculación laboral con  el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. A mediados de abril asomaron los rumores; el 25, los nombres y, desde el viernes pasado, la visita de los carteros de Correo Argentino.

En todas las provincias hubo despidos, excepto en Santa Fe. Según fuentes sindicales, el 80% se trató de personal con funciones operativas en frigoríficos, oficinas y barreras sanitarias. Un porcentaje distante del elegido por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, para quien el 65% de los afectados cumplía tareas en un escritorio.

Para entender las consecuencias de la medida adoptada por el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, es necesario contabilizar a su vez las 130 cesantías de diciembre pasado en el organismo. La suma provocó el cierre de las barreras sanitarias de Villa Olivari y Yapeyú (Corrientes), San Jaime de la Frontera (Entre Ríos) y 7 de Abril (Tucumán, al límite con Salta y Santiago del Estero).

Allí se controlaba desde 2009 y con fuerza de ley el avance de HLB, una plaga que ataca cítricos, causa escozor en América, Asia y África y, a lo largo de cinco años de expansión, puede destruir el 70% de la producción. En la Argentina ya se han detectado focos en Corrientes, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

En consecuencia no sólo está en riesgo la sanidad del consumo interno, sino las exportaciones de 300 mil toneladas de limones, por ejemplo. En particular a los Estados Unidos, un mercado que nuestro país recuperó tras 20 años de negociaciones.

Acorralado por las críticas de propios y ajenos, el ministro Etchevehere debió desandar el cierre por ajuste presupuestario del programa que combate el HLB. Prometió, en cambio, que la partida de alrededor de 200 millones de pesos anuales se volcará directo a los 5300 productores citrícolas. Es decir: desactivará el rol fiscal del Estado para transferírselo a quien debe ser fiscalizado.

Poliladron

A raíz de los despidos fueron clausuradas también, en el corazón productivo de la Pampa Húmeda, una decena de unidades sanitarias –de 17 existentes- en Entre Ríos y cuatro en la provincia de Buenos Aires: Ramallo, San Pedro, Baradero y 25 de Mayo.

Asimismo cerraron las puertas delegaciones en otras provincias, donde un productor puede demorar días en llegar. En ellas certifican si los animales que van a ser trasladados a pie cuentan con vacuna contra la aftosa, brucelosis o muestreos de enfermedades, como del mortal Síndrome Urémico Hemolítico.

Quedaron sin empleo, además, veterinarios y técnicos que hacían trabajo de campo, inspectores en establecimientos de faena y elaboración de productos, empleados en los 50 puestos de control sobre tierra, 44 en puertos y 21 en aeropuertos desplegados por el organismo presidido por Ricardo Negri: un ingeniero que antes de ingresar a la función pública de la mano del presidente Macri, asesoraba a consorcios privados.

“En Senasa pretenden instaurar el doble estándar: un control oficial y creíble orientado por el Estado para exportaciones, porque así lo exigen las normas internacionales. Y otro tercerizado en manos privados para el consumo interno”, denuncia a Canal Abierto Jorge Ravetti, trabajador del organismo y dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado.

El estándar for export ya es parte del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias definidas por la Organización Mundial del Comercio, al que la Argentina suscribe con rango de ley. Durante el año pasado, el Senasa fiscalizó exportaciones por 65 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, 15 millones de toneladas de frutas y verduras y un millón y medio de toneladas de productos de origen animal.

San Miguel de Tucumán, Tucumán. Lavado de limones para exportación a la Unión Europea, en la planta de empaque o establecimiento empacador (Senasa).

“Para todo lo que sea consumo interno -continúa Ravetti-, las autoridades quieren ir a un esquema de autocontrol empresario bajo la figura de un director técnico. Si a la CEOcracia argentina le cuesta cumplir la ley con Senasa adentro, imaginate con Senasa afuera”.

Actores a ambos lados del mostrador buscan obtener mayores cuotas de protagonismo. Es el caso de los empresarios productores del noroeste nucleados en AFINOA, los patagónicos en FUNBAPA o los de Fundación Citrícola, que buscan adueñarse de la fiscalización de la mosca de los frutos.

De pasillo

Consultado en reserva sobre el criterio adoptado a la hora de seleccionar los nuevos integrantes del ejército de desocupados, Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, dijo impávido que fueron echados quienes realizaban tareas que Senasa dejará de hacer.

Esta confesión del gerente general de la Fundación Pensar, usina de pensamiento de Pro, trajo muchísimo malestar entre cuadros intermedios del organismo: directores regionales, coordinadores temáticos y jefes de servicio que, sin ser consultados, asisten absortos al vaciamiento de programas que llevan años de esfuerzo.

Incluso el ministro Etchevehere intenta desvincularse tímidamente de los despidos. En Radio con Vos, adujo que se trata de una adaptación al Plan de Adecuación de Dotación del Ministerio de Modernización y a la ley de presupuesto. Entre costos de limpieza, mantenimiento, alquileres, compras y contrataciones pretende ahorrar este año 105 millones de pesos, equivalente a la compra de armas que desembolsó el Gobierno de cara a la cumbre del G20.

La reducción de personal generó el cuestionamiento público de cuatro expresidentes de Senasa, la Federación Agraria Argentina (aliada de Etchevehere durante el conflicto de la 125) y de los trabajadores del organismo que han desbordado el ánimo desmovilizador del sindicato UPCN.

El alto nivel de adhesión a la huelga -que lleva una semana- mantiene casi paralizadas las exportaciones e importaciones que requieren la certificación de profesionales del organismo. De acuerdo a un relevamiento del diario BAE, hay preocupación en la Cámara de Exportadores de la Argentina y la Cámara de Importadores por las pérdidas económicas. Muchos contenedores, con fecha de vencimiento al borde de romper la cadena de frío, deberán regresar a plaza.

 

Fotos: Senasa

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