Redacción Canal Abierto | El 10 de abril comenzaron las reuniones en el Congreso de la Nación en vías de que se apruebe la ley en favor del aborto legal, seguro y gratuito de nuestro país y se extenderá hasta el 31 de este mes. Debido a la cantidad de oradores que quedan por exponer (alrededor de 400) se podrían sumar invitados por jornadas o bien agregar un días más a la semana, que podría ser los viernes.

Una de las cuestiones centrales en torno a la interrupción legal del embarazo es comprender que en su mayoría quienes mueren son mujeres pobres, que no pueden pagar el procedimiento en una clínica privada ni acceder al misoprostol, el medicamento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para practicar abortos seguros. En Argentina la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), no reconoce los usos obstétricos del misoprostol.

Legalizar el aborto tiene que ver entonces con una cuestión de salud por parte del Estado, nada que no se haya dicho hasta hoy en los encuentros.

El jueves 3, una de las exponentes a favor de la interrupción del embarazo fue Magali Fernández Valdez, militante del Partido Encuentro y también de Políticas de Género quien señaló que: “En nuestro país hay una producción monopólica del misoprostol y esa concentración de poder les permite fijar los precios en valores muy elevados” y agregó que “esta situación habla de una clara estigmatización sobre quienes desean abortar y utilizan el costo del medicamento para regular la decisión que uno toma con respecto a su cuerpo”.

Por ahora, el único que fabrica y comercializa el medicamento en nuestro país es el laboratorio Beta. La empresa subió un 300% el precio de la caja de dieciséis pastillas de misoprostol entre 2014 y 2016 y “modificó la presentación para eludir los controles de precios y obligar a las usuarias a comprar más pastillas de las que necesitan, a un mayor precio”, esgrimen desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Sin embargo este medicamento se encuentra bajo el nombre de Oxaprost y contiene misoprostol y diclofenac, es decir que no se lo consigue como un genérico en las farmacias. Además está indicado para otro tipo de problemas: “En el barrio pasa algo y es que muchas veces las pibas vienen en el segundo o tercer intento de algún método que falló. También pasa que el Oxaprost falló porque no es la medicación indicada para la práctica. Nosotros usamos una medicación, que en realidad está probada y se utiliza para una persona con dolor con problemas gástricos y la están utilizando para otro fin”, explica, en diálogo con Canal Abierto, Charo Blasco médica y trabajadora de un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires.

De aprobarse la ley, la calidad de vida de muchísimas personas se vería modificada, ya que pasaría de ser tabú a un asunto de salud pública: “Si se aprueba la Ley lo que cambiaría es el mensaje, en nuestro caso, hacia afuera del centro de salud. Lo que pasa en el barrio cuando viene una persona para interrumpir el embarazo es una cuestión de secretismo y oscurantismo de que nadie se entere, de que nadie escuche. Permitiría poder acercarse a la administración y decirle al administrativo por qué venís”, expone Charo en relación a la realidad de quienes viven en la villa 31.

Hoy según el Ministerio de Salud se realizan 54 abortos por hora, es decir 1300 abortos por día. Entre 2013 y 2015, el aborto representó el 18% de las muertes maternas. Las complicaciones por abortos son la primera causa individual de mortalidad por gestación desde 1980.

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