Por Juan Carlos Giuliani / Retruco.com | Confundida entre las noticias de interés general aparece cada tanto, espasmódicamente, información vinculada con el “descubrimiento” de trabajo esclavo tanto en factorías urbanas como en establecimientos rurales, generalmente de la mano de inspecciones realizadas por los “sabuesos” de la AFIP.

A propósito, ¿y el Ministerio de Trabajo de la Nación? ¿Y las autoridades provinciales y municipales en la materia? Bien, gracias. ¿No es acaso su función la de fiscalizar el cumplimiento de la ley? ¿Cómo llevar adelante esa tarea cuando buena parte del plantel de inspectores de la repartición laboral reviste en negro o está en condición de tercerizado? Mientras tanto, el trabajo esclavo de compatriotas y ciudadanos de países limítrofes –mayores y menores de edad- se multiplica como una plaga social en todo el país.

La agricultura, la construcción, la minería, los rubros textiles y gastronómicos son el ámbito subterráneo e ilegal donde se sumerge la vida y la muerte de miles de personas. La Relatora Especial de la ONU para Formas Contemporáneas de Esclavitud, Gulnara Shahinian, ha dicho que “la servidumbre doméstica o la esclavitud es una situación en la que un individuo vulnerable es forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin una remuneración financiera real, cuando es privado de su libertad, y se encuentra en una situación que es contraria a la dignidad humana”.

Trabajar sin descanso, con un pago mísero y una vida peor. Así sobreviven en condiciones infrahumanas los integrantes del eslabón más débil del capitalismo del Siglo XXI. A pocas cuadras del Obelisco en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires o en los yerbatales misioneros. Ni que hablar de Río Cuarto, ciudad que ostenta el tristemente célebre mote de “Capital del trabajo en negro”.

La revelación de casos de explotación y abuso perpetrados por los aspirantes a conformar el nuevo elenco de la “burguesía nacional” constituye la punta del iceberg de un negocio fabulosamente millonario al que el Gobierno, por acción u omisión, no se anima a colocar en el centro del debate y, por consiguiente, está muy lejos de erradicar. Las denuncias sobre el trabajo esclavo estallan como fuego de artificios en los grandes medios de comunicación con la misma volatilidad que identifica a la cultura del videoclip.

Los Barones del Capitalismo prebendario que reina en la Argentina tienen coronita. Parece que evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos casos reducidos a la servidumbre y esclavitud, y víctimas de trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones de higiene y seguridad, etcétera, no es un delito porque ningún funcionario público toma cartas en el asunto.

Hace más de 200 años la Asamblea del Año XIII eliminó la esclavitud en la Argentina. Sin embargo, esta infame metodología de violar los derechos humanos persiste, de modo más sutil pero igualmente humillante. El trabajo en negro ahonda la catástrofe social. Su vigencia en el tiempo está directamente vinculada con la falta de libertad y democracia sindical. Esa legión de trabajadores precarizados son desaparecidos civiles. No figuran en ninguna base de datos, muchos no tienen documentos, cobertura médica, ni asistencia social. El fraude laboral es ejercido por las patronales al amparo de un sistema que les da cobertura. El Estado -Nacional, Provincial o Municipal- es uno de los principales precarizadores.

La trata de personas, vía su reducción a la servidumbre, es una realidad signada por una impunidad escandalosa. El trabajo esclavo, que en nuestro país cuenta con el paraguas protectorio de importantes factores de poder, funciona como el combustible que inflama las ganancias extraordinarias del capitalismo en esta parte del fin del mundo.

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