Redacción Canal Abierto |  “La ley que limita la suba de tarifas está vetada”, confirmó esta mañana Marcos Peña, jefe de gabinete de la Nación, a pocas horas de que el Senado aprobara la normativa por 37 votos a favor y 30 en contra.

El anuncio no hizo más que corroborar una decisión presidencial que estaba cantada, y que se expresó días atrás en distintas declaraciones de funcionarios, algunas incluso en tono amenazante. Sin ir más lejos, minutos antes de la votación, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había anticipado: “No vamos a dudar un instante en hacer las cosas que tenemos que hacer”. Lo propio hizo el senador Federico Pinedo o la diputada Elisa Carrió, sólo por nombrar algunos de los voceros más salientes de la coalición gobernante.

Al anunciado e inminente veto, ayer se sumaron los aprietes a contrarreloj a legisladores por parte de sus pares oficialistas y ministros, y las reuniones del Presidente con gobernadores. En este sentido, cabe recordar que el Senado es el espacio de representación por excelencia de los mandatarios provinciales, y es allí donde históricamente tienen fuerza las provincias.

Sin embargo, ni las negociaciones de último momento ni la amenaza de veto fue suficiente, sobre todo por la bronca latente de varios gobernadores tras el intento del Ejecutivo nacional de trasladarles el costo político del tarifazo.

En este marco, el martes empezó a circular una encuesta entre diputados del interbloque Argentina Federal –que agrupa a un grupo de senadores que responden directamente a gobernadores del PJ- referida a la cuestión tarifas. El dato saliente de la medición es que la gran mayoría rechaza el actual cuadro tarifario y que se oponía a que Macri vete la ley.

De todas formas, y pese a las advertencias oficialistas, tras 12 horas de debate la ley resultó aprobada por el Senado con 37 votos a favor del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal.

Con éste, el gobierno de Mauricio Macri suma su quinto veto. Los anteriores habían sido a la Ley de Emergencia Ocupacional, que pretendía frenar los despidos y proponía la obligación de pagar doble indemnización por parte del empleador; la protección a personas portadoras de trombofilia; un cambio a la ley de contrato de trabajo para incorporar la figura del salario mínimo profesional; y la expropiación del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores. Una lista que dice bastante el perfil de su gestión.

 

Una fiesta de ganancias

En promedio, desde diciembre de 2015 hasta la fecha, la electricidad acumuló un suba de 1394%, y el gas subió un 1195%.

Los datos provenientes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dan cuenta de un peso sobre los bolsillos que, en muchos casos, se ha vuelto impagable. En la era Cambiemos la inflación total acumuló un 89%. Casi 20 puntos porcentuales por encima del incremento promedio de los salarios, que se ubicó en torno al 69%.

Como consecuencia, el promedio de asalariados destina un 11% de sus ingresos sólo al pago de luz y gas.

En tanto, las empresas de energía multiplicaron su facturación, de 2016 a 2017, en un 99%. Según datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), sus ganancias brutas se expandieron en un 209% y sus ganancias netas finales lo hicieron en un 772%. Comparado con 2016, una empresa como Edenor expandió sus ganancias brutas en un 2273,3% y Metrogas incrementó sus ganancias netas en un 1148,2%.

 

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