Redacción Canal Abierto | Días atrás, un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que durante marzo el 50.2% de los pequeños y medianos comercios registraron caídas en sus ventas. Sin embargo, el dato parece ser poco novedoso si observamos la pendiente negativa de los meses previos. En el acumulado, los tres primeros del año llevan un 1,5% a la baja.

Otro dato alarmante es que el consumo masivo cayó 10% en términos per cápita en la Argentina en los últimos cinco años (si se compara 2013 con 2017).

Pese a esta realidad apremiante para el sector comercial, la política económica y financiera del Gobierno tiene una obsesión: bajar la inflación a toda costa. Muestra de ello es la decisión del Banco Central de sostener una tasa de interés alta, en torno al 40%, y la restricción de créditos para inversión para las pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, generaba fuerte expectativa el anuncio de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, respecto de nuevas líneas de crédito “blandas” para el sector.

Sin embargo, duró poco el entusiasmo de los pequeños y medianos empresarios. Es que, a diferencia de la positiva medida en relación al otorgamiento de garantías, al parecer ni la inyección financiera sería la suficiente para atenuar la crisis, ni las condiciones crediticias tan favorables.

Si bien desde distintos sectores reconocieron el “gesto político”, también coincidieron en la pequeña incidencia que podrían tener los 11.200 millones de pesos. “No alcanza”, aseguraron desde las cámaras empresarias.

Según la gobernadora, el monto se destinará para distintos tipos de líneas de créditos en pesos con tasas que van del 20 y el 25% anual y con plazos de vencimiento entre cinco y ocho años.

“Es una cifra ridícula para la magnitud de crisis que estamos atravesando”, opinó Alejandro López Mieres, especialista en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), y agregó: “me parece mas un acto de voluntarismo político, que de efecto real”.

Las líneas de crédito que se lanzarán a través del BAPRO se dividen entre productivas y sectoriales. La línea productiva en pesos para inversión de capital y capital de trabajo tiene una tasa del 25% y su plazo es de 60 meses. Se puede destinar a adquisición de equipos o construcción de bienes de capital.

“Uno podría pensar que ese porcentaje es bajo en relación al 40% que hay, pero no respecto a la inflación esperada ya que en 60 meses (cinco años) puede haber una inflación decreciente, o cualquier otra modificación de índole macroeconómica como, por ejemplo, un escenario recesivo”, señaló López Mieres.

Otra de las líneas anunciadas es la de préstamos personales en UVA (es decir, atado a la inflación) para pequeños comerciantes, monotributistas o profesionales destinado a equipamiento, con una tasa del 10% anual. “Si tenés una inflación anual proyectada en torno al 25 y el 30%, y le sumas ese 10% anual, te queda un préstamo de entre 35 y 40% de interés. Es impagable y no cumple el objetivo que se planteó en la presentación”, explicó el integrante del IPYPP.

Al contrario, el especialista en finanzas sí destaca como un buen síntoma el otorgamiento de garantías: “de esa manera algunas pymes con juicios o medidas cautelares pueden resultar beneficiadas”.

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