Por Carlos Saglul | Los jueces David Jorge Casas y Ruth Alicia Fernández exigieron al gobierno jujeño que le remita toda la información en su poder sobre la operación realizada con el grupo colombiano Omega Energy, en cuya dirección figura el gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional, Facundo Fernández de Olivera.

De esta manera, la Justicia hace lugar al amparo presentado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), obreros despedidos de La Esperanza, y el diputado Alejandro Vilca.

De acuerdo a lo denunciado por el docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy Gastón Remy a Canal Abierto, podría tratarse de un caso de vaciamiento y venta del Ingenio a capitales extranjeros vinculados a Cambiemos.

“El gobierno provincial a cargo de Gerardo Morales, en junio de 2016, hizo votar en la Legislatura una ley (5929) por la cual el Estado se hizo cargo de la administración de la quiebra del ingenio que ocurrió hace casi veinte años. Mediante esta ley que viola la propia legislación nacional de concursos y quiebras, con el acuerdo del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, el gobierno abrió una compulsa de precios, con la que finalmente le adjudicó el ingenio al grupo colombiano Omega Energy. Este proceso completamente ilegal vino a enmendar una venta fallida, al mismo Omega, que el Gobierno anunció a fines de diciembre de 2017”.

“No obstante –recordó Remy- a las pocas semanas Omega Energy dio marcha atrás, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país. Fue entonces que el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, conformó la sociedad “Agroindustria La Esperanza S.A” (Alesa) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa. Las empresas de Quiroz tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros”.

Allí surge el nombre de Facundo Fernández de Oliveira, gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional en la cabeza del directorio de la firma ahora dueña del Ingenio. “En el caso de Oliveira es un funcionario que llega a mediados de 2016 a Radio Nacional y su debut fue ordenar despidos en todo el país. Aparece en el Ingenio como director de ALESA y no podemos descartar que actúe en representación del gobierno nacional que también es parte de la quiebra del ingenio. En enero, el mismo titular de Omega, Omar Leal, denunció en el diario El Tribuno de Jujuy que la caída de la venta del ingenio había sido una decisión del gobierno nacional”, dice Remy.

La sede de la sociedad Alesa se encuentra en Suipacha 1111, Piso 18, donde funciona el estudio de abogados “Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h)”, mencionado en el libro “Argenpapers” de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin.

Omega Energy es un grupo petrolero que opera en Colombia, con algunas actividades extractivas en Nigeria y agropecuarias en Estados Unidos. “Lo que no cierra es que tiene más de 13 compañías offshore, que todos sabemos que se utilizan para evadir impuestos entre otros delitos y, semejante estructura financiera no se condice con el volumen de facturación anual del grupo y con la escaza capacidad de financiamiento que admiten en su balance contable. Para el caso de ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) se constituyó con el mínimo de capital exigido por ley en Argentina que son 100.000 pesos, cuando el compromiso de compra del ingenio La Esperanza alcanzaría los 86 millones de dólares. Y como le es familiar al Grupo Omega, la presentación de la propuesta para quedarse con el ingenio llevó el patrocinio legal del Mossack Fonseca, el estudio de abogados, que se hizo famoso por los Panama Papers”, señala Remy.

La abogada del CeProDH Maia Hirsch informó que “la resolución de la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo obliga al Gobierno de Gerardo Morales a dar explicaciones sobre la oscura venta y donde fueron a parar los  millones en subsidios que el gobierno otorgó para mantener abierto el  Ingenio”. Recordó que fueron más de trescientos los despidos antecedieron a la operación denunciada como un negociado entre el oficialismo y capitales extranjeros.

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