Redacción Canal Abierto | En el marco de la discusión en torno a la modificación del Sistema Penal Juvenil planteado por el gobierno de María Eugenia Vidal en octubre pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) distribuyó un documento entre legisladores bonaerenses contraponiendo datos a la propuesta del Ejecutivo provincial.

Bajo el pretexto de agilizar las causas, la propuesta oficialista que comenzará a ser debatida por el legislativo elimina las instancias de garantías para unificar todo en los juzgados de ejecución penal. Consultado por Canal Abierto, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano manifestó que “para nosotros van a representar más problemas que soluciones para la cuestión de la niñez, porque no trabaja sobre los problemas que tiene hoy el funcionamiento del régimen penal y aborda cuestiones que tienen que ver con los intereses corporativos de poder judicial, de los jueces o los fiscales que lo que quieren es trabajar sin tener que cumplir con los plazos legales que implican a veces en los turnos tener que estar trabajando en la madrugada.”

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En el documento, la CPM marca como otro punto conflictivo la ampliación de los plazos en los que un joven puede estar detenido, que se amplía de 12 a 18 horas. Sobre este punto en especial, Cipriano dijo que “lo que implica es que hoy los pibes durante 12 horas hasta que el juez decide si los detiene o no, no van a ningún lugar especializado, van a la comisaría o están en los patrulleros policiales dando vueltas. La ampliación de 12 a 18 horas implica más tiempo en que el pibe está en la comisaría detenido con adultos, siendo sometido a golpes y torturas policiales”

Cipriano también planteó que a la hora del debate sean escuchados los actores que trabajan en el área, ya sea en los orgnismos del Estado abocados a la niñez y la adolescencia como las organizaciones sociales y territoriales, cuya experiencia y punto de vista puede ser de gran utilidad para generar una legislación que aborde los problemas estructurales.

Entre las falencias que destaca de la propuesta oficial, está la de no contar con datos actualizados. “El proyecto es muy inconsistente, muy poco serio. Está construido sobre estadísticas viejas de 2015, con números que cambiaron. Se pretende eliminar el juez de garantías diciendo que sean todos jueces de responsabilidad penal porque en el año 2015 en algunos departamentos judiciales el juzgado de garantías tuvo 1500 causas y el de responsabilidad, que es el que juzga, tuvo 400 causas. Desde 2014 a 2017 la cantidad de causas entraron en el sistema descendieron de 3300 a 2300, lo que significa que los jueces de garantías tuvieron 1000 causas menos, así que ese argumento de que están colapsados los juzgados de garantías y los otros no se cayó”, sostuvo Cipriano.

“Los jueces de responsabilidad penal tienen una tarea muy importante que es el control de como el pibe cumple con su condena en los institutos. Nosotros venimos denunciando que estos pibes vienen padeciendo graves violaciones a los derechos humanos, torturas y aislamientos permanentes. Ahí lo que tiene que hacer el juez de responsabilidad penal juvenil actual es controlarla, cosa que no está haciendo.” concluyó.

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