Redacción Canal Abierto | La comunidad indígena de Coranzuli-Intillaku, del departamento Susques en Jujuy, denunció la vulneración de sus derechos ancestrales ante el avance de las empresas Sales de Jujuy SA y EXAR SA, que pretenden explotar la zona utilizando las reservas de agua del cerro Coyamboy.

Ante esta situación, la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Natalia Morales, puso a disposición su banca y elaboró un proyecto de ley para garantizar que los derechos de los pobladores del lugar no sean violados.

“Si bien todavía no se está extrayendo agua de allí, los habitantes tienen conocimiento de situaciones concretas y claras donde integrantes de la empresa Sales de Jujuy y EXAR fueron a realizar inspecciones a Coyamboy para hacer algún tipo de inversión. Ante esto la preocupación creció y como población esperan que sus derechos como comunidades originarias se respeten, sobre todo para decidir qué acciones se realizan ahí, porque en ningún momento fueron consultados ni se ha garantizado la consulta previa, libre e informada, que es a lo que apunta el proyecto”, manifestó Morales.

Jujuy, junto a Salta y Catamarca, forman el triángulo del “oro blanco” sudamericano. Representan el 13% de la reserva mundial de litio, y su explotación ha avanzado a pasos agigantados en los últimos dos años.

Son un potencial económico de grandes magnitudes, ya que existen pocas reservas de este mineral y es la base fundamental para la producción de baterías para celulares y otros artefactos tecnológicos.

Actualmente, en Argentina hay 873 mil hectáreas disponibles de explotación de litio con 53 proyectos de extracción, de los cuales 27 poseen acuerdos de tenencia minera. El ingreso en concepto de regalías que se quedan las provincias en este producto es del 3% de la boca de mina, y no se tiene prevista una modificación cercana.

“Tiempo atrás, otras comunidades de zonas salineras se expresaron en contra de la producción de litio. Toda la quebrada y la puna es tierra indígena. Existen muchas colectividades en estos territorios, y que si bien no hay expresión clara de todas ellas, tomamos el caso de Coranzuli, donde hay un planteo concreto sobre la situación del cerro y la posibilidad de que extraigan agua, porque toda su vida tiene que ver con la actividad ganadera y que ven en peligro el sustento de sus vidas”, agregó la diputada.

Además, el cerro Coyamboy cumple todos los requisitos para ser protegido por la Ley de Glaciares, argumento que también fue presentado en el proyecto.

Para finalizar, Morales expresó que el espíritu de esta denuncia es “detener cualquier tipo de actividad de empresas en el territorio de esta comunidad que no garantice la consulta previa, libre e informada. Y que sea vinculante, porque esas muchas veces son las trampas que tienen las consultas o audiencias públicas. Las generan formalmente y después no tienen ningún tipo de vinculación en cuanto a la toma de decisiones. Esta comunidad, como sujetos, tiene derechos, y después de tener toda la información necesaria sobre las implicancias que lleva una actividad como esta, pueden definir ellos si lo permiten o no, y de qué manera”.

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