Por Diego Leonoff | Tras seis días de angustiante búsqueda, el 17 de junio de 2011 apareció flotando en el Río de la Plata el cuerpo de Octavio Romero. El suboficial de Prefectura Naval se iba a convertir en el primer uniformado de la fuerza en contraer matrimonio homosexual. Desnudo, con golpes y 2,06 gramos de alcohol en sangre, la autopsia luego comprobó que había sido arrojado sin vida al agua.

Desde entonces, cada aniversario de su desaparición y muerte se convierte en una nueva tragedia para amigos y familiares. Se trata de fechas en que la sensación de impunidad se confunde con la rabia de quienes continúan la búsqueda por justicia.

La causa de Octavio Romero está ingresada en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40, a cargo de Estela Andrades de Segura. No tiene sospechosos o imputados. Ni siquiera se sabe con certeza la hora, el lugar ni la forma en que ocurrió, cómo desapareció o quién se lo llevó. Tampoco está claro el por qué, o lo que en la jerga judicial se conoce como el móvil del crimen.

Canal Abierto habló con su pareja, Gabriel Gersbach, sobre las idas y venidas en la causa, los pocos indicios que existen y las falencias en la investigación: “La fiscal no hace nada, la causa no avanza hace años”.

 

Gabriel Gersbach, pareja de Octavio Romero y querellante

Incluso cuenta que en un principio él llegó a estar en la mira de los funcionarios judiciales, sufriendo varios allanamientos en su casa y la de familiares: “es tremendo perder así a quien amás, y que encima sospechen de vos”. Finalmente, recién después de varios años y tras superar la perspectiva heteronormativa de la justicia argentina, logró que le reconocieran como pareja de Octavio y parte de la querella.

La impunidad en el caso es tal que el año pasado la Corte Interamericana de Justicia requirió un informe oficial. La respuesta de la justicia, tan acotada como insólita, era que necesitaba más tiempo. “Se ve que 7 años no fueron suficientes para al menos tener una línea clara de investigación o un sospechoso”, fustiga Gabriel.

Desde el inicio el caso fue presentado por los medios como un crimen homofóbico, algo que sin duda sirvió para llamar la atención de la prensa. No era para menos: tras la aprobación de la ley de matrimonio igualitario –y luego de pedir permiso a sus superiores– Octavio tenía planeado convertirse en el primer uniformado gay del país en casarse.

La víctima trabajaba en el edificio Guardacostas y en los baños había pintadas despectivas hacia su condición sexual. Las expresiones de odio, sumadas a la reconocida idiosincrasia conservadora y homofóbica de las instituciones policiales y militares, resultaban en una ecuación tan sencilla como plausible.

No obstante, hace poco más de tres años la fiscalía y la pareja de Octavio Romero recibieron un informe que podía cambiar el curso de la investigación. El texto anónimo –pero con el sello de Prefectura– de 13 hojas doble faz cuentan con detalle nombres, apellidos y fotos de los jefes y responsables del supuesto operativo en el que habrían secuestrado a Octavio, el recorrido del “grupo de tareas” (lo describe de esa manera) en auto y luego en una embarcación marítima. También detalla los métodos de tortura, los dos simulacros de fusilamiento, el golpe mortal y hasta la zona dónde fue descartado el cuerpo desnudo.

El informe –redactado con la característica jerga policial– oscila entre lo sobrio y lo coloquial, y hace varias referencias a la orientación sexual del prefecto asesinado y su relación de pareja. De hecho, vincula la elección de la víctima a su homosexualidad, aunque en ningún momento especifica si esta habría sido el móvil del crimen.

Si bien no explicita los porqué del crimen, da a entender que detrás del asesinato se escondería una trama mafiosa, ya sea por un ajuste de cuentas, un apriete a un superior o el intento de sacarle alguna información.

“Ya no sé qué pensar. Hay cosas que podrían explicar algunos hechos o bien cerrar  interrogantes, pero la verdad es que no puedo confiar”, asegura Gabriel.

Por poner sólo un ejemplo, uno de los relatos a los que sí se podría dar cierta credibilidad es el del día del secuestro de Octavio Romero. Lo que se sabe con certeza –es decir, que figura en la causa– es que el 11 de junio de 2011 Gabriel Gersbach fue el último en ver a Octavio Romero: era sábado a la noche, se iba a trabajar con su taxi y antes de salir lo vio en la cocina guardando las bebidas que tenía que llevar a una reunión en Parque Centenario. A su regreso, Gerbasch encontró las cerraduras sin llave del departamento que compartían en la zona de Retiro. Estaban todas las luces prendidas y la TV encendida. La ausencia de signos de violencia llevó a los investigadores a inferir que habría sido el propio Octavio quien abrió la puerta del edificio a su captor.  “Recién después me di cuenta de que él estaba nervioso, esperando algo o a alguien”, recuerda su pareja.

Según el informe anónimo en cuestión, al suboficial le habían anticipado que recibiría un mensaje secreto. Este habría servido de anzuelo para el secuestrador (o secuestradores) en el abordaje de la víctima. De confirmarse la veracidad del anónimo escrito, esto explicaría los nervios previos de Romero y el hecho de que desapareciera de su casa sin rastros de violencia.

Este no es más que un fragmento del tortuoso destino que, según el informe, habría sufrido Octavio Romero, y que a pedido de la querella y por respeto a la investigación, elegimos no publicar.

No obstante su veracidad o fiabilidad, llama la atención el desprecio con que el juez y la fiscalía abordaron el informe. “Apenas me llegó, en 2015, fui urgente a ver al juez, y me enteré que esa información ya estaba en manos de la fiscalía, pero que no habían hecho nada al respecto”, relata Gabriel. Se trataba de al menos una nueva pista o bien un indicio, pero la respuesta de la fiscalía fue ridículamente tardía: las medidas de prueba y allanamientos se realizaron recién un año más tarde.

Lejos de toda especulación, la única certeza que existe es que una vez más la justicia argentina brilló por su ausencia, inoperancia o letargo. De todas formas, a siete años del crimen continúa el reclamo, y sobre todo los interrogantes sobre quién mató, cómo y por qué mataron a un joven de 33 años, al que amigos y su pareja describen como “más bueno que el pan”.

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