Redacción Canal Abierto| El día de ayer la ley sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana obtuvo, por unanimidad, media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto surgió de la iniciativa de organizaciones como CTEP, Barrios de Pie, CCC, TECHO y Caritas hace más de dos años, cuando lograron que el Estado Nacional decidiera iniciar un relevamiento de Barrios Populares y un relevamiento de las familias que los habitaban. Al día de hoy, se encuentran registrados y reconocidos por el Estado Nacional, unos 4.400 Barrios Populares en todo el país. Este censo generó el Registro Nacional de Barrio Populares (RENABAP) aprobado por el Decreto N° 358/2018 en mayo de 2017.

El proyecto aprobado ayer en la cámara baja define como integramiento urbano que el barrio cuente con equipamiento, infraestructura de servicios públicos, espacios verdes y públicos, fortalecimiento de la economía familiar, adecuación del parcelamiento, mejoramiento de las viviendas, eliminación de las barreras urbanas, seguridad en la tenencia y regularización dominial.

Además, suspende los desalojos por cuatro años, dispone la expropiación de los terrenos en los que se encuentren estos barrios y obliga a adjudicar las obras de urbanización en un piso del 25% a cooperativas de trabajo integradas por habitantes de los barrios en cuestión.

Consultado por Canal Abierto, Jonatan Baldiviezo, Presidente del Observatorio del derecho de la Ciudad e integrante del Movimiento Popular La Dignidad-CTEP, manifestó que “las familias van a dejar de pensar cotidianamente si van a ser desalojas o no y vana empezar a pensar a partir del conocimiento de este derecho como sus barrios se van a integrar al resto de la ciudad y que esa integración no abarca sólo cuestiones físicas que tienen que ver con apertura de calles, equipamiento urbano y servicios públicos, sino también con la cuestión relacionada con la regularización dominial y la economía doméstica de las familias. La integración es una igualación de estos barrios a cada uno de los servicios y los disfrutes que tiene el resto de la ciudad por vivir conjuntamente en las sedes urbanas”

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Ahora se espera una pronta discusión en el Senado que la transforme en ley. En las organizaciones existe el temor a la aceleración de los desalojos antes que el proyecto sea convertido en ley por la cámara alta.

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