Redacción Canal Abierto | La semana pasada la jueza Elena Liberatori ordenó disponer la suspensión inmediata de los efectos de la Ley N° 5.966. Es decir, cancela temporalmente la autorización legal para que el gobierno de Larreta pueda incinerar residuos.

Lo hizo atendiendo un amparo presentado por un grupo de cooperativas de recuperadores urbanos, asociaciones ambientales, y agrupaciones de reciclado, que plantearon una irregularidad en el procedimiento con el que el proyecto paso por la Legislatura y se aprobó de manera urgente sin cumplir las obligaciones legislativas.

Es que las leyes ambientales en la Ciudad de Buenos Aires deben ser votadas dos veces por los diputados, con audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana en medio de ambas votaciones.

Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la asociación civil que encabezo la presentación judicial, le cuenta a Canal Abierto que “cuando el gobierno impulsó la modificación de la Ley Basura Cero se fue creando una red de organizaciones en contra de esa política ambiental, y esa red estuvo resistiendo hasta que se aprobó el proyecto”.

“Lo que detectamos fue que había inconstitucionalidades, como que existe una Ley Nacional que prohíbe la incineración, o sea que ninguna provincia o municipio puede ir en contra, ni otorgar menos derechos que los que otorga esa ley”, explica el abogado.  

Si bien existen diversos argumentos ambientales, presupuestarios y socio-laborales contra la incineración, la primera anomalía detectada estuvo en el trámite parlamentario, y allí apuntaron las agrupaciones para conseguir esta suspensión judicial, hasta que la justicia se expida.

“También decíamos que esta nueva ley quebraba el paradigma de basura cero, que es un paradigma internacional, por el que las políticas de gestión de residuos tienen que estar enfocadas en la reducción, el reciclado y la reutilización, generando una economía circular alrededor de la producción de desechos, dice Baldiviezo. E insiste en una explicación que fue protagonista en las discusiones contra la iniciativa PRO: “La incineración compite con esas otras políticas, compite con reducción porque hace falta más basura para quemar; compite con reciclado y reutilización porque justamente los residuos que se reciclan o reutilizan son los que tienen mayor carga calórica; y además es una política ambiental muy costosa y más contaminante”.

La Ley N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la Ley N° 1.854 de Basura Cero  a efectos de autorizar en la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termo-valorización) con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios. También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 “Código de Prevención de la Contaminación Ambiental” que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA.

Baldiviezo asegura que “la política de gestión de residuos es esencial en la Ciudad. Sabemos que se están agotando los lugares, pero la solución es más compleja, tiene que partir del consenso de todos los actores que actúan en relación a la gestión de residuos domiciliarios, y no a mecanismos más costosos, contaminantes y de manera autoritaria”.

En virtud de la gravedad de esta decisión para el ambiente, la salud de la ciudadanía, y el trabajo de las cooperativas de cartoneros y recicladores, y de las graves falencias constitucionales producidas durante la discusión parlamentaria de este proyecto que no cumplió, entre otras cosas, con la participación ciudadana obligatoria que establece la Constitución a través del llamado a audiencia pública en un proceso de doble lectura, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, La Cooperativa El Ceibo, La Cooperativa de Trabajo El Álamo, La Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, La Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, La Cooperativa del Sur, La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo colectivo ambiental a efectos de pedir la nulidad de la Ley N° 5.966.

Finalmente, sobre los sectores del trabajo relacionados a la basura Baldiviezo explica a este portal: “Para ellos esta es una gran noticia, porque hasta la sanción de esta ley ellos no recibían los recursos necesarios de parte del gobierno porteño, y esta situación los llevaba a un panorama mucho peor. Esta instancia abre un horizonte para seguir protegiendo derechos, y estas políticas de vanguardia a nivel internacional que la gestión PRO incumplió desde que asumió”.

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