Redacción Canal Abierto | Facundo Ferreira tenía 11 años y fue fusilado de un balazo en la nuca por la policía tucumana en marzo. Hoy, los culpables -Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres- están libres por decisión del juez subrogante, Víctor Manuel Rougés.

Al caso se sumó la denuncia de otro oficial de la fuerza, que declaró haber recibido la orden de un integrante del Comando Radioeléctrico del 911, para amedrentar contra la familia de Facundo a cambio de limpiar su expediente y poder volver a su trabajo.

“Te la hago sencilla para que vos pienses. Los changos (por los policías imputados) tienen el quilombo y me pidieron que te diga que te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces, hagas unos disparos y les digas que no se tienen que meter con la Policía”. Esto, sin embargo, no fue suficiente para Rougés, y ordenó la liberación de los implicados.

Al respecto, Florencia Vallino, abogada de la familia Ferreira, dijo: “Las situaciones de amenazas que viene sufriendo la familia de Facundo las venimos denunciando. Pedimos de manera directa la prisión preventiva para Montes de Oca y Díaz Cáceres, tanto a la fiscalía para que la solicite al juzgado, y al juzgado en sí, porque también se puede dictar oficio a la prisión preventiva. La apelación a la libertad de los acusados va a ser tratado como asunto de feria para poder darle seguimiento ahora”.

Exención de responsabilidad penal

“Desde el primer momento dijimos que este es un típico caso de gatillo fácil y exigimos la detención, juicio y castigo de los responsables”. Estas son las declaraciones de la abogada y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.

Desde este organismo advirtieron que desde fines de 2015 hay una muerte cada 23 horas bajo esta modalidad.

Sobre el caso Ferreira, prosiguió: “Esta última denuncia que surge, lo único que hace es ratificar que, como decimos hace 30 años, y se ha reforzado brutalmente en los últimos dos, el gatillo fácil es política de Estado. No hay ninguna discusión al respecto ya”.

Y agregó: “Lamentablemente, la mayoría de los casos que ocurren en distintos lugares del país, al ritmo de uno por día, no tienen la misma visibilidad que, por suerte, ha adquirido el caso de Facundo. Pero situaciones similares podes encontrar a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros recibimos denuncias de aprietes a familias y a la militancia antirepresiva todos los días”.

Los casos de gatillo fácil en el país se han convertido en moneda corriente, y aumentan el malestar en la sociedad porque los victimarios no ven condenas o lo hacen después de muchos años de impunidad y de continuar en actividad.

“Si para la ministra de Seguridad es política de Estado el gatillo fácil, y necesitamos más policías como Chocobar, que fusiló a una persona desarmada por la espalda, nada más natural es que tengan, como siempre tienen, la defensa de los abogados del propio Ministerio de Seguridad, de la Nación, de la Provincia, de la Ciudad, según el caso, y que además continúen en actividad”, sentenció Verdú.

Sin ir más lejos, en mayo trascendió que, en el marco de la elaboración del anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, la Comisión Redactora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esbozó “incorporar una exención de responsabilidad penal a la punibilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, que provoquen lesiones o la muerte de una persona durante el cumplimiento de sus deberes y con el uso de las armas en forma reglamentaria”, lo que implica que el policía que ejerza gatillo fácil no deberá pagar por ello.

A esto, Verdú contestó: “La reforma propuesta sólo puede entenderse como la exculpación anticipada del gatillo fácil o, lo que es lo mismo, su consagración legislativa como práctica de control social promovida expresamente desde el Gobierno, con amparo legal. Es la orden precisa y clara de tirar a matar, y la garantía de que ningún integrante de las fuerzas de seguridad será castigado por cumplirla”.

Otros casos reconocidos de impunidad policial son los del comisario Miguel Ángel Espósito, responsable de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, con 18 años en actividad después del hecho y después el retiro efectivo cobrando su jubilación; el ex oficial de policía José Salmo, que disparó en un tiroteo a Carla Lacorte, dejándola en silla de ruedas de por vida, y fue sentenciado luego de 13 años; y el más reciente absuelto, Ricardo Panadero, que si bien no fue gatillo fácil, fue violencia institucional porque torturó, violó y mató junto a otros oficiales a Natalia Melmann en 2001.

 

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