Por Gladys Stagno | Un día después de la celebración por el Día de la Independencia se conoció el Decreto 632 por el que Mauricio Macri estableció un nuevo y feroz ajuste en el Estado. Según el texto del dictamen, hasta el 31 de diciembre de 2019 “no se podrán realizar nuevas designaciones ni contrataciones de personal”. La decisión impedirá renovar los cerca de 7 mil contratos del Estado con universidades nacionales que vencen a fin de este año. De este modo, la gestión Cambiemos busca reducir un 30% del gasto público, lo que publicita como una solución al mentado déficit fiscal, el padre de todos los males.

“Todos los países tienen déficit. En términos conceptuales y hasta económicos, el déficit de por sí no es ni bueno ni malo, el tema es cómo se genera”, advierte el economista Alfredo Zaiat en diálogo con Canal Abierto.  Y agrega: “Vos tenés que encerrar el déficit en una ecuación entre ingresos y egresos, si vos recortás los egresos eso tiene después un impacto en la economía, ocasiona recesión”.

Con su mirada coincide Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) quien ante el decreto sostuvo: “El Gobierno venía aplicando una Tercera Reforma del Estado con mucho impacto negativo para vastos sectores de la sociedad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) abre las puertas del infierno social. La situación de recesión combinada con la inflación va a generar mucha pobreza y desocupación. Y el ajuste brutal en el Estado, que no solamente impacta en los trabajadores estatales sino que también afecta a gran parte de la población se va a ver reflejado con grave incidencia particularmente en las provincias y en los municipios, pero también en el Estado nacional”.

Sin embargo, y en este contexto, la explicación oficial del ajuste es que es inevitable, frase que en general va acompañada de la metáfora de la casa donde se gasta más de lo que se gana. En ese punto es donde el modelo económico que  Cambiemos enarbola olvida discutir una pata de la desequilibrada balanza.

“En lugar de recortar egresos, vos podés cobrar impuestos a los sectores de más alta capacidad contributiva, por ejemplo los que se han beneficiado con la devaluación fenomenal que aconteció estos últimos meses, como el complejo agroexportador –apunta Zaiat-. En general e históricamente, los gobiernos conservadores como el de (José Alfredo) Martínez de Hoz, (Domingo) Cavallo, y ahora este equipo económico, plantean que es lo único que se puede hacer, que esto es lo que hacen todos los países, y todo eso es falso. Hay que convocar a la gente a que estudie historia: uno tiene que ver cómo se repiten, y siguen diciendo lo mismo, y siguen llevando a la economía a una catástrofe social, económica y política”.

Según datos de ATE, desde que comenzó esta gestión ha habido, sólo en el Estado nacional, 22  mil despidos. “Por los anuncios que ha habido hasta ahora, podemos prever 10 mil despidos más”, aseguró Godoy, y recordó que “limitar las nuevas designaciones en el Estado implica que los trabajadores y trabajadoras que están en situación de precariedad laboral quedarán congelados en esa condición de inseguridad del empleo”. Se trata de cerca de 90 mil.

Los recortes por el eslabón más débil, los asalariados, no se dan sólo en la Administración Pública Nacional. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza los despidos en el ámbito de las empresas públicas (Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Correo Argentino, etc.), que desde la asunción de Cambiemos asciende a 4500 casos. La mitad fue despedida en los dos primeros años de gobierno, mientras que la segunda mitad fue separada de su puesto en el último año y medio.

El estudio, además, prevé futuros despidos en línea con lo acordado con el FMI, donde el organismo internacional le exige el gobierno argentino que lleve a cero las transferencias a las empresas públicas para 2021. Según el CEPA, eso supondrá prescindir de 10 mil puestos de trabajo en todo el sector.

En tanto, el Gobierno no impulsa medida alguna para incrementar los ingresos. Por el contrario, según un informe reciente de la Universidad de Avellaneda (Undav), “el costo fiscal de haber eliminado las retenciones (al sector agroexportador) en los dos últimos años fue de 4.639 millones de dólares, lo cual al tipo de cambio promedio equivale a 72.000 millones de pesos, o más de un año de la asignación universal por hijo”.

 

Alguien pierde, alguien gana

Para paliar la crisis por la que hoy atraviesa la Argentina –para algunos especialistas, una crisis provocada- el gobierno de la Alianza Cambiemos apunta a reducir a cero el déficit primario, es decir aquel que se genera entre los gastos corrientes del Estado y su recaudación en impuestos. Pero el gran agujero fiscal no está allí.

“Cuando hablan de reducir el déficit no incluyen el déficit financiero, que está vinculado con los gastos de pagos de intereses de la deuda, de una deuda fenomenal que en estos dos años y medio ha tomado el Gobierno. Mientras eso siga creciendo, todo este ajuste no va a servir para nada”, afirma el economista.

En el ítem “servicios de la deuda pública”, el Presupuesto 2018 calcula que se pagarán durante el año en curso 406 mil millones de pesos, un 16,6% de los gastos totales de la Administración Pública Nacional. Durante la primera mitad del año, ya se pagaron, sólo de intereses 233.169 millones de pesos.

Este modelo especulativo que ajusta en trabajadores no sólo tiene perdedores. Para Zaiat, se trata de “una política deliberada de concentración de la riqueza y de favorecer a determinados sectores económicos: el complejo agroexportador, al sector de las finanzas y al sector energético. Todos los que, casualmente, están estrechamente vinculados por negocios desde el Presidente para abajo”.

 

En represión, no hay ajuste

Curiosamente, el polémico Decreto 632 exceptúa de la prohibición de nuevas contrataciones a la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

“Del sector del Estado del que no quieren hablar desde el Gobierno es del que ha estado creciendo desde el 2011 o 2012 de manera brutal: Las áreas represivas del Estado. Entre el 2012 y el 2017 ha habido una inflación de alrededor del 500 por ciento, y mientras que el Presupuesto Nacional ha subido aproximadamente un 250 por ciento, las inversiones en Gendarmería, en Policía Federal y en Prefectura aumentaron entre un 750 y un 1.200 por ciento. O sea que cuando se habla de aumentar el gasto en el Estado para las fuerzas represivas, el Gobierno no se preocupa”, asegura Godoy.

Y es que la insistencia oficial con la inevitabilidad del ajuste no evita la resistencia: el modelo de Cambiemos no cierra sin represión.

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