Redacción Canal Abierto | El debate por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito avanza en el Senado en un clima social virulento. Tras la media sanción obtenida en Diputados, la vicepresidenta Gabriela Michetti encabezó la involución del debate con declaraciones al diario La Nación donde ponía en discusión la ley vigente, aprobada en 1921, que posibilita el aborto para casos de violación, entre otros. Desde entonces, grupos autodenominados “pro vida” protagonizaron numerosos actos de violencia en todo el país contra activistas del proyecto y la emprendieron, incluso, contra quienes ponen en práctica abortos de acuerdo a la normativa actual.

En los últimos días, profesionales de la salud llevaron adelante un aborto de los denominados “no punibles” a una menor de 11 años que había sido violada. El aborto fue practicado en el Hospital Nicolás Avellaneda, de la localidad de San Miguel de Tucumán. La menor había sido acompañada por su madre hasta el centro de salud y el Hospital informó al Juzgado correspondiente, como indica la normativa vigente. Sin embargo y desde entonces, la médica que practicó el aborto sufrió intimidaciones de todo tipo.

Durante la misma semana, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, pronunció una duro discurso en el que reivindicó la férrea posición de la Iglesia en contra del aborto y se pronunció en defensa de “las dos vidas”. “Hoy decimos que vale toda vida. Decimos que todo hombre es importante, que no hay sobrantes en la Argentina. Que la dignidad de todo ser humano ha de ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural”, aseguró Sánchez.

En tanto, en Misiones el diputado Oscar Alarcón presentó un proyecto para que Misiones sea declarada “Provincia Provida”. “Defendamos, cuidemos y celebremos la vida siempre desde la concepción”, expresó. La iniciativa ya tiene estado parlamentario, será tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y el legislador está esperanzado en que será votada. El porcentaje de embarazo no intencional en la adolescencia en Misiones llega al 70%. Las cifras de delitos sexuales del Ministerio de Seguridad dicen que el promedio nacional es de 8,7 cada cien mil habitantes. En Misiones 23,3.

En la misma semana, en esa provincia litoraleña, una niña de sólo 14 años debió ser trasladada de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, luego de arrojarse desde una ventana del Hospital Samic de la ciudad de Leandro N. Alem, en donde estaba internada y transitando por el sexto mes de embarazo.

Estos dos casos de niñas embarazadas producto de violaciones que trascendieron en los medios, entre muchos otros que conservan el anonimato, dejan en evidencia que la realidad de las adolescentes se antepone frente a los dichos de representantes de la Iglesia y del poder político.

Los embarazos no deseados durante la adolescencia dan cuenta de la falta de políticas públicas en relación a la implementación de programas de educación sexual integral. De hecho, fue uno de los grandes reclamos en la Capital Federal por parte de los y las adolescentes que llevó, entre otras cosas, a la toma de los colegios antes de que se dé la media sanción en la Cámara baja.

Según datos de Amnistía Internacional en Argentina, si se analizan todos las muertes por abortos clandestinos que se registraron en el país sólo en 2012, se observa que un 18,42 correspondió a mujeres menores de 20 años. Y si se pone la mirada en los años anteriores, puede observarse que desde 1995 se registra un aumento del peso de las adolescentes en la población de mujeres de todas las edades que son hospitalizadas por esta causa.

En este sentido, las niñas-madres menores de 15 años corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo, mayor riesgo de bajo peso al nacer (menor de 2500 gramos), mayor riesgo de parto pre-término (antes de las 27 semanas de gestación), mayor riesgo de mortalidad perinatal, mayor riesgo de eclampsia (convulsiones), mayor riesgo de hemorragia posparto y mayor riesgo de infección endometria.

Más allá de la salud física, están las consecuencias para la salud mental y el proyecto de vida de las adolescentes que pasan por la situación de un embarazo no deseado. “Nuestras compañeras se ven sólo con dos opciones: yendo a abortar clandestinamente en situaciones totalmente insalubres y de alto riesgo, o siendo madres y teniendo que abandonar las cursadas de colegios porque la escuela no tiene la estructura capaz de garantizar que asistan a clase y que sean madres al mismo tiempo. Lo que está pasando es que las compañeras tienen que dejar el colegio para conseguir trabajo y poder hacerse cargo del hijo o hija”, explica Camila Torres en diálogo con Canal Abierto, estudiante de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia.

Por lo pronto, los y las senadoras tendrán la responsabilidad de aprobar una ley que tiene que ver con la salud pública  que proteja a las mujeres, pero sobre todo a las adolescentes.

 

 

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