Redacción Canal Abierto | El Senado bonaerense sancionó ayer un proyecto de ley que deroga el artículo 68 del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires. En éste se establecía sancionar con arresto a las personas en situación de prostitución.

Bajo la premisa de que la prostitución no es delito, y por ende, no se puede reprimir, diferentes organizaciones de mujeres y derechos humanos, presentaron la iniciativa a través de la diputada y secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de la provincia  de Buenos Aires, Karina Nazabal.

El proyecto tuvo además un fuerte acompañamiento de parte de los diferentes bloques legislativos en ambas cámaras.

Silvina Perugino, abogada del colectivo Furia Trava, manifestó al respecto: “Este artículo era utilizado por la policía e incluso por las mafias de los y las proxenetas, que en connivencia con el poder policial, lo que hacían era meter en el calabozo a quienes se rehusaban o no podían pagar el “derecho” para poder pararse en cierta esquina. Su derogación implica frenar esta persecución policial sobre los cuerpos de las compañeras, de las personas en situación de prostitución y rompe con una de las cajas de los agentes de seguridad y de los proxenetas”.

Además, remarcó: “El código de faltas en sí ya es retrógrado. Es inconstitucional que exista en cualquier provincia, porque para los delitos existe un código penal. El de faltas debería encargarse sólo del mal estacionamiento o de habilitaciones a comercios, pero no de conductas que tienen que ver con otras cuestiones como de escándalos o de estar en la calle, o de cómo te vestís, que tiene que ver con la libertad de las personas”.

 

Una lucha de muchos años

La primera iniciativa para derogar este artículo fue presentada por Diana Sacayán, a través del legislador León Zimmerman en 2003. Aunque el proyecto nunca fue tratado, Diana siguió presentándolo, a través de distintos diputados, sin pausa durante los años siguientes. Finalmente ayer se aprobó el que fue presentado en 2017.

“Es una lucha que lleva bastantes años, y que debemos recordar que venían llevando adelante Lohana Berkins y Diana Sacayán. Es histórica para el movimiento abolicionista y el activismo travesti, llevado adelante por estas dos compañeras que lamentablemente hoy no están con nosotras y que lo han sufrido en carne propia”, expresó Florencia Guimaraes García, militante de Derechos Humanos y activista del colectivo Furia Trava.

Además, recordó: “En Capital Federal, hasta mediados de los 90, existían edictos policiales por los que muchas que estábamos en situación de prostitución caíamos presas casi todos los días, donde íbamos 24 horas detenidas. En la provincia de Buenos Aires, el hostigamiento era mayor porque pasábamos hasta cinco días en una comisaría, por prostitución, y sobre todo porque además  había otro código contravencional que era la vestimenta inadecuada al sexo. Éramos perseguidas por ser travestis”.

En referencia a esto, la activista recordó las palabras de Lohana Berkins, quien decía: “si yo tuviera que contar todos los días que pasé en un calabozo por el simple hecho de ser trava y ejercer la prostitución, situación que no elegí, sino a la que fui arrojada, estuve nueve años de mi vida dentro de un calabozo”.

 

Los caminos a seguir

Si bien se logró algo histórico, desde el colectivo entienden que hay que seguir adquiriendo derechos.  “El paso a seguir es que el Estado se comprometa con las personas en situación de prostitución, y que con las travestis cumpla con la ley de cupo laboral trans, que está aprobada y falta reglamentar. Además, le corresponde generar políticas públicas para que la mujer que quiera salir de la prostitución tenga donde acudir. No hay una bolsa de trabajo, no hay posibilidad de empleo real”, destacó Perugino.

Al respecto, García agregó: “Hoy el 90% de nosotras se encuentra en situación de prostitución y no hay alternativas, por eso necesitamos que esta ley sea implementada y que se aplique. Es una decisión política de seguir dejando que las compañeras travestis y trans sigan estando prostituidas, que sigan siendo asesinadas, víctimas del travesticidio social, y con una baja expectativa de vida de 35 años, que además está bajando. Desde enero tenemos más de 45 compañeras muertas por crímenes de odio, travesticidios y travesticidio social, que no llegaban a los 30 años, en un país donde la expectativa de vida es de 80”.

Otra ley que exigen es la de Reparación Histórica. “Esto sirve para resarcir todo el daño y la violencia que el Estado ejerció en nuestras compañeras, que por lo general son mayores de 50 años, que han pasado días y días de sus vidas presas por un código contravencional por vestimenta inadecuada al sexo. Y el Estado se tiene que hacer responsable de haber perseguido sistemáticamente a una comunidad, primero por su identidad de género, y después por la criminalización y estigmatización por estar en situación de prostitución”, finalizó la activista.

 

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