Redacción Canal Abierto | A través de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) señaló: “esta nueva administración ratifica los despidos de trabajadores que fueron marcados a dedo y sin argumentos válidos”.

“Estamos viendo una Vialidad nacional que se está desmoronando y la prueba no son solo los compañeros despedidos sin causa, sino que esto viene ligado con la creación de Corredores Viales S.A. donde se van a determinar las obras que no van a tener ningún control del Estado y la política de las PPP que son, sin dudas, la privatización del organismo”, denunció el gremio.

En paralelo a la ola de despidos, comienzan a definirse las concesiones bajo el sistema de participación público-privada (PPP). En principio, desde hoy y hasta el 30 de julio, los consorcios que presentaron la mejor oferta por cada uno de los corredores de rutas deberían firmar los contratos con Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte.

De los seis corredores puestos a concurso, se cree que la empresa José Cartellone Construcciones Civiles será la primera en firmar. De ser así, el grupo mendocino empezará a operar la ruta 7, cuyo último tramo termina en esa provincia.

En 2013 el matutino Tiempo Argentino hizo pública una irregular concesión por parte del gobierno porteño: por aquel entonces al frente de Autopistas de la Ciudad (adjudicadora), Gustavo Matta y Trejo adjudicó una obra por mas de 127 millones de pesos a la empresa José Cartellone Construcciones, holding que preside Tito Biagini, suegro del propio funcionario macrista. Otro gesto de buena sintonía entre el entorno de Macri y los Cartellone fue que en mayo de este año el vicepresidente del Grupo, Pablo Edgardo Pérez Burgos, fue uno de los empresarios que integraron la comitiva que acompañó al Presidente en su gira por China. Además, el grupo mendocino fue beneficiario del subsidio a las tarifas eléctricas por mas 10 millones de pesos que otorgó el Gobierno nacional a un puñado selecto de empresarios.

No obstante, en las últimas horas trascendieron dudas por parte de los consorcios privados, sobre todo producto del alza en el costo de financiamiento tras la crisis cambiaria y la fuerte suba de las tasas de interés. La incertidumbre empresaria también va en línea con el fuerte recorte de la obra pública, en torno a los 90 mil millones de pesos, dispuesto por el Gobierno a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

en octubre

Nuestros temas