Redacción Canal Abierto | “Nos enteramos por filtraciones unos días antes del receso escolar de que se propicia un cambio de diseño curricular, que básicamente recorta 1.400 horas la formación de los técnicos de nivel medio”. Así explica Gerardo Marchesini, ex director provincial de Educación Técnica, la forma subrepticia en la que los docentes del área tomaron conocimiento de la reforma que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal para cercenar horas del plan de estudios.

A partir de la Ley de Educación Técnica de 2005, se establecen los marcos de homologación y las dos resoluciones que enmarcan los actuales planes de estudios. “¿Cómo podemos hablar de actualizar o de que es un plan viejo el que tiene dos cohortes, 2016 y 2017, egresadas completas?, sostiene el especialista en respuesta a la supuesta modernización que implica la reforma, justificación prioritaria que el gobierno bonaerense sostiene en su página web.

La otra explicación oficial apunta a mejorar la eficacia de la educación, pero todos los indicadores –hasta el Operativo Aprender, impulsado por esta gestión- resultan positivos para la educación técnica.

“Acá de lo que se trata es de una reducción de 1.400 horas. Es un recorte presupuestario que equivale a más de un año en el plan de estudio –detalla Marchesini-. Un año ronda en la provincia de Buenos Aires, y casi todas las provincias tienen planes similares, quiere decir que bajar 1.400 horas en el trayecto formativo es sacarle un año y dos o tres meses en la formación de los técnicos”.

En lo que respecta a los docentes, la modificación significa recortar un 20% la carga horaria, es decir un 20% de fuentes laborales. El ex funcionario indica que esto está prohibido por la ley provincial, que impide afectar las condiciones laborales de los educadores.

Fuera de la comunidad educativa, esta medida habla de un proyecto de país que la gestión Cambiemos no emparenta con el desarrollo industrial. “La Argentina en la cohorte del año 2000 tenía aproximadamente el 6% del total de titulaciones, de todo nivel y modalidad, incluyendo las universitarias, a educación técnico-profesional. Ese porcentaje llegó luego de diez años de aplicación de la ley, que se aprobó por unanimidad, y de una política de Estado, llegó a tener casi al 15%. Un país industrializado necesita al menos el 30% de sus titulaciones ligadas al campo de la educación técnico-profesional para garantizar los recursos necesarios para una industrialización”, sostiene Marchesini. Y aventura que, de prosperar, la reforma revertirá la tendencia hacia las épocas en las que la industria eran postales de galpones vacíos.

Y agrega: “si la ideología es otra y se cree que hoy la educación no es un bien social, habrá que dar el debate como sociedad. Pero buscan el atajo, e imponen políticas que van por un modelo donde hacer una inversión diferencial en generar tus propios recursos para industrializar el país no está en sus planes”.

Entrevista completa:

en octubre

Nuestros temas